On 1 July 2026 Walter Mazariegos was inaugurated as rector of the University of San Carlos de Guatemala (USAC). Mazariegos’ re-election has been widely questioned by students, teachers, professionals, indigenous authorities and civil society organizations due to complaints about exclusion from electoral bodies, lack of transparency and alleged irregularities in the composition of the University Electoral Body. These allegations gave rise to multiple legal actions that continue to be heard by different jurisdictional bodies.
On 26 June 2026, the First Chamber of the Administrative Court rejected the injunction brought by the collective USAC-Dignidad y Rescate (DIRE) and by the Attorney General’s Office, which sought to prevent the swearing-in of the rector. However, the Court’s decision to reject the injunction did not include an assessment of the allegations related to the integration of the University Electoral Body and other aspects of the reelection process.
A central point of the controversies is that Mazariegos took office despite the fact that his compliance with the legal requirements continues to be questioned. This includes the lack of a Transitory Certificate of Non-Existence of Claim of Charges (settlement) issued by the Comptroller General of Accounts and pending criminal complaints that arose from an earlier audit. Likewise, various legal challenges related to the university electoral process remain pending at the Constitutional Court, while the Public Prosecutor’s Office reported that the Prosecutor’s Office against Corruption registered 17 complaints against Mazariegos.
Students, teachers, university professionals and civil society organizations held demonstrations and public pronouncements rejecting the continued rectorship of Mazariegos and requesting legal controversies to be resolved. During protests on 1 July 2026 in front of the USAC campus, police responded with anti-riot squads and water cannons to students and workers blocking the entrances of the campus. Similar protests during Mazariegos first election in 2022 led to the criminalization and arrest of several leaders of the organizations that took part in the demonstrations.
The fact that the inauguration was able to proceed despite the pending legal challenges deepens concerns about university autonomy and rule of law with public trust in state institutions in charge of guaranteeing the legality of electoral processes declining further. Its impact therefore extends beyond the university environment. The University of San Carlos participates in various second-degree election processes, such as the nomination commissions for the Public Prosecutor’s Office and the Supreme Electoral Tribunal.
One of these election processes is currently ongoing with the appointment of representatives for the Nomination Commission that will evaluate and shortlist candidates for election of the Comptroller General of Accounts (CGC). The CGC plays an important role in any elections as they issue the Transitory Certificate of Non-Existence of Claim of Positions (settlement), a requirement for running for office and, ironically, one of the missing requirements in the election of Mazariegos. As a result, the inauguration of Mazariegos as rector with influence on nomination processes impacts the public’s confidence in institutional processes and the rule of law and could further deepen societal polarization and impunity.
El 1 de julio de 2026, Walter Mazariegos asumió como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Su reelección ha sido ampliamente cuestionada por estudiantes, docentes, profesionales, autoridades indígenas y organizaciones de la sociedad civil debido a denuncias de exclusión de cuerpos electorales, falta de transparencia y presuntas irregularidades en la integración del Cuerpo Electoral Universitario. Estas denuncias dieron lugar a múltiples acciones legales que continúan siendo tramitadas por distintos órganos jurisdiccionales.
El 26 de junio de 2026, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazó el amparo presentado por el colectivo USAC-Dignidad y Rescate (DIRE) y por la Procuraduría General de la Nación, con el que se buscaba impedir la toma de posesión del rector. Sin embargo, la resolución no incluyó un análisis de las denuncias relacionadas con la integración del Cuerpo Electoral Universitario ni de otros aspectos cuestionados del proceso de reelección.
Uno de los principales puntos de controversia es que Mazariegos asumió el cargo pese a que continúa siendo cuestionado el cumplimiento de los requisitos legales para ejercerlo, entre ellos contar con la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (finiquito) emitida por la Contraloría General de Cuentas. Asimismo, existen denuncias penales pendientes derivadas de una auditoría previa. También permanecen pendientes diversos recursos judiciales relacionados con el proceso electoral universitario ante la Corte de Constitucionalidad, mientras que el Ministerio Público informó que la Fiscalía contra la Corrupción ha registrado 17 denuncias contra Mazariegos.
Estudiantes, docentes, profesionales universitarios y organizaciones de la sociedad civil realizaron manifestaciones y pronunciamientos públicos rechazando la continuidad de Mazariegos en el rectorado y exigiendo que las controversias legales sean resueltas. Durante las protestas del 1 de julio de 2026 frente al campus de la USAC, la Policía respondió con unidades antidisturbios y camiones cisterna para dispersar a estudiantes y trabajadores que bloqueaban los accesos a la universidad. Protestas similares durante la primera elección de Mazariegos en 2022 derivaron en la criminalización y detención de varios dirigentes de las organizaciones que participaron en las manifestaciones.
El hecho de que la toma de posesión se realizara pese a la existencia de recursos judiciales aún pendientes profundiza las preocupaciones sobre la autonomía universitaria y el Estado de derecho, al tiempo que debilita aún más la confianza pública en las instituciones estatales encargadas de garantizar la legalidad de los procesos electorales. Su impacto, por tanto, va más allá del ámbito universitario. La Universidad de San Carlos participa en varios procesos de elección de segundo grado, como las comisiones de postulación para el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral.
Uno de estos procesos se encuentra actualmente en curso con la designación de representantes para la Comisión de Postulación que evaluará y preseleccionará candidatos para la elección del Contralor General de Cuentas (CGC). La CGC desempeña un papel importante en cualquier elección, ya que emite la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (finiquito), requisito para postularse a un cargo y, paradójicamente, uno de los requisitos que faltaban en la elección de Mazariegos. En consecuencia, la toma de posesión de Mazariegos como rector, con influencia sobre los procesos de postulación, impacta la confianza pública en los procesos institucionales y en el Estado de derecho, y podría profundizar aún más la polarización social y la impunidad.