Excarcelaciones sin libertad plena en Venezuela: avances limitados y persistencia de restricciones
El 8 de enero 2026, el Presidente de la Asamblea Nacional declaró ante medios nacionales que como gesto para la unión y convivencia pacífica, el gobierno decidió la excarcelación de un número importante de personas detenidas (venezolanas y extranjeras), sin especificar la cantidad o quienes serían las personas beneficiadas.
Posterior al anuncio, algunas excarcelaciones se materializaron, no obstante, en cifras muy bajas y el proceso ha sido muy lento, lo que ha ocasionado angustia entre familiares que han realizdo vigilias y manifestaciones en diversos centros de reclusión del país y otros lugares.
Asimismo, otro punto a destacar es que estas medidas son excarcelaciones, y no se tratan de libertad plena, ya que aún persisten sobre estas personas medidas cautelares que limitan su libertad o procesos penales sin cerrar.
Entre los nombres de las personas que recibieron estas medidas se encuentran la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, quien se encontraba privada de libertad de forma arbitraria desde febrero de 2024, el dirigente político y ex candidato presidencial Enrique Márquez, el político Nicmer Evans y el periodista Roland Carreño, entre varios de los nombres destacados.
El caso defensora Rocío San Miguel sirve para reflejar las condiciones en las que se otorgan estas medidas, ya que sobre ella se mantienen medidas cautelares que le prohíben hacer declaraciones públicas sobre su caso, información que fue confirmada por familiares, lo que confirma que se trata de excarcelaciones y no de libertad plena. Rocío San Miguel, luego de salir del centro de reclusión, se traslado a España, junto con otras personas españolas que se encontraban en la misma condición.
El 12 de enero 2026 el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, publicó un comunicado en el que daba cuenta de la excarcelación de 116 personas desde el 8 de enero, cifras que contrastan con las que manejan las organizaciones de derechos humanos en el país. En este sentido, las estimaciones de la sociedad civil indican que aproximadamente 72 personas han sido excarceladas hasta el 14 de enero de 2026.
Estos eventos se han desarrollado luego de la extracción por medio de la acción militar estadounidense del presidente Nicolás Maduro, y que según ha sido declarado por los mismos voceros del gobierno, es una muestra de la voluntad por la reconciliación nacional. Ahora bien, las excarcelaciones no se traducen en libertad plena para las personas detenidas. Por su parte, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, publicó un comunicado que recoge la satisfacción por las medidas tomadas, pero que las mismas son insuficientes, haciendo un llamado a la liberación plena y tomar medidas para que las excarcelaciones se hagan de forma expedita y con apego a principios de derechos humanos.

Detenciones de ciudadanos en Venezuela luego de la publicación del estado de excepción
A partir del 8 de enero de 2026, se sabe que al menos 11 personas han sido detenidas en Venezuela como consecuencia de la publicación del Decreto de estado de conmoción exterior en el país, el pasado 3 de enero de 2026.
En este sentido, las detenciones de ciudadanos han ocurrido en al menos 6 estados del país. Los reportes conocidos, dan cuenta de los motivos de las detenciones: incitación al odio, traición a la patria y promover la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero. En algunos casos, las personas detenidas fueron liberadas horas después, otras fueron puestas a la orden del ministerio público y se presumen detenidas hasta el momento.
En uno de los casos, fueron detenidos dos personas adultas mayores (64 y 65 años de edad) en el estado Mérida. En otro caso destacado, un hombre fue detenido en el estado Anzoátegui, luego de publicar un video en redes sociales haciendo referencia a la situación posterior a la acción militar del gobierno estadounidense.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha resaltado su preocupación que la inestabilidad generada posterior al ataque militar estadounidense pueda devenir en un empeoramiento de la situación en el país, y haciendo un llamado al respeto del derecho internacional y los derechos humanos de los venezolanos.

El 5 de enero de 2026 se publicó la Gazeta Oficial extraordinaria con fecha del 3 de enero. Incluye un decreto que declara el estado de emergencia en todo el país, denominado oficialmente «estado de conmoción exterior». El decreto se emitió en respuesta a los acontecimientos que tuvieron lugar en la madrugada del 3 de enero, cuando las fuerzas militares de los Estados Unidos entraron en Caracas y detuvieron al presidente Nicolás Maduro.
La publicación de este decreto sigue a las declaraciones realizadas a finales de 2025, en las que el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios del Gobierno habían anunciado la medida; sin embargo, su publicación en el Boletín Oficial no se había conocido hasta el 3 de enero de 2026.
No obstante, cabe destacar que el propio decreto establece el 3 de enero como fecha de firma, el mismo día en que tuvo lugar la operación militar estadounidense y durante el cual fue capturado el presidente Maduro. Esto plantea dudas sobre su validez y legalidad, sobre todo teniendo en cuenta que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia reconoció la ausencia temporal del presidente Maduro y ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir la presidencia de la República en calidad de presidenta interina. Según el texto, el decreto permanecerá en vigor durante 90 días y podrá prorrogarse por otros 90 días.
El decreto se basa en el derecho a la autodefensa reconocido en los instrumentos internacionales y se emite como consecuencia de la agresión militar del Gobierno de los Estados Unidos. El texto ordena la militarización de las infraestructuras críticas, el refuerzo de las medidas de seguridad y patrullaje, así como restricciones al libre transito y la suspensión de reuniones y manifestaciones públicas.
Asimismo, el artículo 5 del decreto establece que todos los organismos de seguridad del país están obligados a buscar y detener a cualquier personainvolucrada en la promoción o el apoyo del ataque armado perpetrado por los Estados Unidos. La redacción ambigua de esta disposición representa una amenaza para los derechos y libertades fundamentales.

Más de un centenar de presos políticos liberados
Entre el 25 y el 27 de diciembre de 2025, se dio a conocer la noticia de la liberación de 61 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. La información se difundió inicialmente a través de los medios de comunicación y las redes sociales, y posteriormente fue confirmada por varias organizaciones venezolanas que trabajan en este tema. Según la declaración del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, las personas liberadas fueron encarceladas por actos de violencia tras las elecciones del 28 de julio de 2024.Posteriormente, el 1° enero de 2026, organizaciones venezolanas confirmaban la liberación de otras 54 personas detenidas bajo la misma condición. En total, 115 personas fueron excarceladas, es decir no hay libertad plena, ya que persisten procesos judiciales y medidas cautelares sobre estas como la de régimen de presentación ante tribunales cada 30 días.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, las personas liberadas fueron obligadas a firmar documentos que certificaran que habían recibido un trato digno y que además, salían en perfecto estado de salud. Adicionalmente, se ha documentado que les han establecido prohibiciones de hablar con medios de comunicación u organizaciones de derechos humanos.
Asimismo, defensores y organizaciones alertan que al tratarse de excarcelaciones, donde las personas mantienen medidas cautelares, existe la posibilidad de que las mismas sean revertidas, cuestión que ha ocurrido en el pasado con casos en los que 6 años después de la excarcelación, se revocaron medidas, lo que provocó el retorno a los centros de detención de estas personas.
Aunado a lo anterior, organizaciones denuncian que las condiciones en las cuales ocurren las excarcelaciones son poco dignas, ya que ocurren incluso de madrugada e incluso trasladas y dejan a las personas en cualquier lugar, dejando sobre las familias una carga adicional para poder ubicar a sus familiares.
A pesar de las liberaciones, las cifras de personas que aún se encuentran detenidas por motivos políticos, oscila entre 800 y 1.000, algunos de ellos incluso extranjeras o con doble nacionalidad, todo ello de acuerdo con reportes y registros llevados por varias organizaciones. De estas cifras, hasta 68 personas se encuentran en situación de desaparición forzada.

Title: Familiar de Figura Opositora Condenado a 30 años de Prisión
El 3 de diciembre, fue confirmado por la esposa de Rafael Tudares yerno de Edmundo González Urrutia, quien fue el candidato presidencial que se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024, que su esposo fue condenado a 30 años de prisión, luego de haber sido detenido de forma arbitraria el pasado 7 de enero mientras llevaba a sus hijos al colegio. Desde que fuera detenido, ninguno de sus familiares ha podido verlo o conocen exactamente el centro donde se encuentra recluido, hecho que ha sido denunciado ampliamente por su esposa y familiares desde que ocurriera la detención.
Asimismo, los familiares han denunciado reiteradamente que el proceso en su contra no ha cumplido con las mínimas garantías del derecho a la defensa. En junio, se conoció que se llevó a cabo una audiencia preliminar en el caso en su contra con asistencia de un defensor público, ya que no les ha permitido poder designar un defensor privado. Ahora bien, desde el 1 de diciembre empezó a circular en redes sociales la información de que Rafael Tudares habría sido condenado a 30 años de prisión, hecho que luego fue confirmado por la propia esposa el día 3 de diciembre. Esta detención se llevó a cabo días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 cuyos resultados han sido calificados como fraudulentos por varias misiones de observación electoral, así como por una gira internacional de Edmundo Gonzales Urrutia.
A pesar de ser exepcional, por la víctima y su vinculación con el líder opositor Edmundo Gonzalez Urrutia, se trata de un patrón que se viene reiterando desde hacer varios años, pero que se ha agravado desde las elecciones presidenciales de julio del año pasado, donde se utilizar el sistema penal como una forma de hostigamiento, persecusión y de presión contra actores relevantes sean defensores, activistas, políticos o ciudadanos protestando.
Hace algunos meses fue conocida la noticia de la aplicación de una condena similar a una ciudadana por la publicación de un mensaje en aplicaciones de mensajería instantea, en el contexto del evento electoral presidencial de 2024.

Persisten las detenciones a líderes sindicales en Venezuela

El 29 de noviembre se conoció la noticia sobre la detención de Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Según reportes dado por varias organizaciones, efectivos de cuerpos de seguridad allanaron su apartamento y ejecutaron la detención.
Varias organizaciones sindicales regionales y mundiales se han pronunciado sobre la detención del Secretario General de la CTV, condenando el hecho que constituye una vulneración del derecho al ejercicio de la libertad sindical en el país. Miembros de la CTV han denunciado en medios de comunicación que desconocen el sitio de reclusión, y han señalado que varios familiares han recorrido distintos centros de reclusión, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Asimismo, la CTV ha solicitado la intervención urgente del Comité de Libertad Sindical de la OIT para denunciar los hechos, y según una comunicación publicada en redes sociales, se han activado los mecanismos de incidencia de la OIT ante el gobierno venezolano por la detención de José Torres y de otro líder sindical del sector construcción ocurrida también a finales de noviembre.
Además de la situación de los casos señalados, movimientos de defensa de la libertad sindical han señalado que hasta 15 líderes sindicales se encuentran privados de libertad en el país. De la misma forma, también defensores de derechos humanos denunciaron que los Tribunales Penales de Caracas se negaron a recibir un Habeas Corpus en favor de Elías Torres.
Los hechos narrados crean un ambiente hostil para la acción colectiva y de reinvindicación de derechos laborales y debilita las capcacidades de trabajo de las organizaciones sindicales como pilares fundamentales de defensa de los derechos de la clase obrera y otros gremios.
Aunado a lo expuesto, el hecho de que no exista información sobre el paradero de las personas detenidas, agrava aún más la situación y genera aún más temor entre las agrupaciones gremiales. La detención de estos y otros lideres, busca limitar e intimidar el trabajo por la defensa de los derechos de personas trabajadores, límitan la incidencia y proyección internacional del trabajo de estas organizaciones y terminan dejando desamparados a los agremiados.

Gobierno venezolano decreta estado de excepción
A finales del mes de septiembre 2025, el Presidente Nicolás Maduro anunció la intención de decretar el estado de conmoción exterior, uno de los tipos de estados de excepción establecidos en la Constitución Venezolana. El anuncio está relacionado con las crecientes tensiones con Estados Unidos, por la presencia militar de dicho país en el Caribe.
Esta presencia militar en el Caribe, que ha incluido ataques a presuntos botes del narcotráfico, junto con las referencias hechas por diferentes funcionarios del gobierno de dicho país, incluido el Presidente Trump, sobre la supuesta relación del gobierno venezolano con el narcotráfico, han aumentado las tensiones entre ambos países y ha empeorado el clima interno en Venezuela.
En este sentido, Vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que el Presidente ya había firmado el Decreto de conmoción exterior. No obstante, no se ha conocido el contenido y si se han cumplido con todos los requisitos constitucionales para su entrada en vigor.
Los estados de excepción llevan atados la restricción de ciertas garantías y derechos constitucionales, y de acuerdo con la normativa que rige la materia, este tipo de decretos deben ser publicados de forma inmediata en Gaceta Oficial y además ser difundido masivamente por medios de comunicaciones, situaciones que hasta ahora no han ocurrido.
De la misma forma, organizaciones venezolanas han advertido que este decreto de conmoción exterior, podría llevar a una mayor militarización del país y facilitaría la comisión de más abusos y restricciones a las libertades.
La falta de transparencia en el proceso de implementación y entrada en vigor del citado decreto, constituye vulneración al derecho al acceso a la información pública, y especialmente cuando se trata de medidas que pueden restringir derechos constitucionales.

Aumenta la censura de medios en el país
El 14 de octubre de 2025, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Presa, publico un comunicado en redes sociales a través del cuál alertaron sobre algunas manifestaciones de censura en circuitos radiales en todo el país que, según su reporte, han incluido amenazas e incluso la suspensión temporal de periodistas y programas radiales por tratar temas que son de interés nacional.
En las últimas semanas dos eventos marcaron parte de la agenda noticiosa del país: el otorgamiento del premio nobel de la paz a la líder política María Corina Machado y el atentado contra dos activistas venezolanos exiliados en Colombia. Según los reportes del gremio, la reseña de estas situaciones en diversos programas de radio, han ocasionado la suspensión temporal de los mismos y sus anclas.
Aunque no se publican los nombres de los programas o los periodistas afectados, la nota coincide con la salida temporal del aire de dos programas en dos emisoras pertenecientes a uno de los circuitos radiales más importantes del país.
El 10 de octubre de 2025, organizaciones venezolanas refirieron además que varios periodistas y comunicadores fueron advertidos por los directivos de las emisoras para no reseñar el otorgamiento del Nobel de la Paz, así como también documentaron que algunos locutores recibieron advertencias verbales por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
El impedimento a informar sobre acontecimientos de relevancia internacional como los hechos ocurridos en Colombia, que involucra a dos defensores de derechos humanos venezolanos, y el otorgamiento del Nobel de la Paz, representan vulneraciones al derecho de libertad de expresión, así como el derecho al acceso a la información.

Detención de estudiantes y periodista por ejercer su labor informativa y académica en Venezuela
El 31 de octubre 2025 se conoció la noticia de la detención de 4 estudiantes y productores audiovisuales, en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Tocorón, una de los centros de reclusión más emblemáticos del país ubicado en el estado Aragua al centro del país. Estos cuatro estudiantes tomaron algunas fotografías de la fachada del citado Centro, como parte de su trabajo de grado, cuando fueron detenidos.
De acuerdo con las informaciones divulgadas en redes de defensores y organizaciones internacionales, los estudiantes fueron abordados por la seguridad del Centro Penitenciario, quienes retuvieron documentos de identidad y equipos e indicando que debían someterse a un interrogatorio. Posteriormente, fueron trasladados en patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y su paradero era desconocido.
Finalmente, organizaciones y defensores de derechos humanos anunciaron la liberación de todos los estudiantes el pasado 3 de noviembre, luego de casi tres días de detención, sin que familiares supieran su paradero.
Asimismo, otro caso similar se sucedió durante la última semana de octubre, cuando un periodista de la fuente sucesos y que, según relatos recogidos por organizaciones gremiales y de derechos humanos, fue abordado por personas no identificadas cerca de su residencia en Caracas. De acuerdo con organizaciones gremiales, el periodista fue liberado varios días después de su detención.

Hostigamiento a defensores y activistas por derechos humanos de personas privadas de libertad

En los últimas semanas del mes de septiembre integrantes de la Familia Baduel, familiares de Josnars Baduel quien se encuentra detenido desde mayo de 2020, y miembros del Comité de Familiares de Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE), han denunciado nuevas situaciones de hostigamiento y amedrentamiento.

Durante una gira por misiones diplomáticas en Caracas, denominada “Ruta por la Justicia y la Libertad”, sujetos sin identificación comenzaron a seguir y hostigar a los participantes en la actividad, en su ruta por las diversas misiones diplomáticas en Caracas, cuyo objetivo es visibilizar y hacer incidencia por la situación y liberación de las personas detenidas. De acuerdo con la información disponible, el hostigamiento fue centrado hacia Andreína Baduel, hermana de Josmar Baduel e hija del fallecido militar venezolanoa Raúl Baduel, quien también permaneció detenido hasta el momento de su muerte en octubre de 2021.

De acuerdo con la denuncia hecha por la propia víctima, sujetos sin identificar se dedicaron a perseguirla e incluso instalaron un dispositivo de rastreo y seguimiento en el vehículo donde se desplazaba. Estos hechos son una muestra del patrón de persecución y acoso que se ha intensificado en el país y que en esta ocasión tienen como blanco a familiares de personas detenidas por motivos políticos.

El Comité por la Libertar de los Presos Político agrupa a un grupo de activistas, defensores y familiares de personas que han sido detenidas por motivos políticos en Venezuela. Durante las últimas semanas este grupo ha estado haciendo una pequeña gira denominada “Ruta por la Justicia y la Libertad” por representaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela, para denunciar, visibilizar y hacer incidencia por familiares y personas detenidas por motivos políticos en el país.

Desde las elecciones de julio de 2024, se ha venido documentando un deterioro progresivo del derecho a la libertad de expresión y de acceso a un entorno digital seguro. A medidados de este año la Relatoria de Libertad de Expresión daba cuenta de esta situación en un comunicado, carecterizando un predominio del miedo y la autocensura. No obstante, desde julio de 2024 se ha incrementado el control sobre el espacio digital y el uso de plataformas digitales para el esparcimiento de información falsa y estigmatización de activistas, periodistas y organizaciones.

Así, el acceso a la información se ha deteriorado en Venezuela desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, y a este panorama se ha sumado el uso de las redes sociales y medios de comunicación para diseminación de información falsa, la estigmatización y la incriminación en actividades delictivas se ha vuelto usual, detaca la campaña de estigmatización en contra de Cazadores de Fake News y El Nacional en redes sociales. Sobre el acceso a la información en linea, se cumple más de un año desde que se anunciara el bloqueo de la plataforma X en Venezuela el 8 de agosto de 2024.