Visita del Alto Comisionado de la ONU a México: entre la visibilidad internacional y los desafíos para el espacio cívico

Durante la tercera semana de abril de 2026, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó una visita oficial a México en un contexto de creciente atención internacional sobre la crisis de desapariciones en el país. Su agenda incluyó reuniones con la presidenta, integrantes del congreso de diferentes partidos políticos incluido el oficial , organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas.

La visita estuvo marcada por un fuerte contraste entre el discurso oficialista y los testimonios de víctimas y posicionamientos de las OSC. Durante sus encuentros con madres buscadoras y familiares, Türk reconoció la magnitud de la crisis y señaló que escuchar sus historias fue “doloroso”, subrayando la urgencia de avanzar en verdad y justicia.

Sin embargo, el proceso también evidenció tensiones, algunos colectivos manifestaron inconformidad por no haber sido incluidos en los espacios de diálogo, lo que puso en evidencia problemas de representatividad y acceso en este tipo de encuentros.

En el plano institucional, la reunión con Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, se dio en medio de críticas hacia el organismo por parte de colectivos, que cuestionan su actuación frente a la crisis.

La visita ocurre además en un contexto de tensión entre el gobierno mexicano y mecanismos internacionales de derechos humanos, particularmente tras señalamientos de la ONU sobre la posible sistematicidad de las desapariciones.

En conjunto, este evento refleja las tensiones existentes entre víctimas, autoridades e instancias internacionales, así como los desafíos persistentes para garantizar espacios efectivos de participación, representación y acceso a la justicia.

Un centenar de OSC pierden estatus de donataria: se reabre el debate sobre el uso del marco legal en México
Durante marzo de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización como donatarias a más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil (OSC). Este estatus les permite recibir donativos deducibles de impuestos por parte de personas y empresas, además de incentivos fiscales, lo que constituye una figura clave para financiar sus actividades.
El argumento principal fue el incumplimiento de requisitos relacionados con la acreditación de sus actividades. Esto implica que las organizaciones deben demostrar ante la autoridad que efectivamente realizan las actividades para las que fueron constituidas, como asistencia social, educación o investigación. Sin embargo, en los últimos meses diversas OSC han señalado que este proceso se ha vuelto más complejo, restrictivo y no homogéneo. Entre las organizaciones afectadas se encuentran algunas con presencia pública relevante y posicionamientos críticos ante las políticas públicas del gobierno federal.
Esta decisión se produce en un contexto particularmente sensible para el entorno habilitante en México, donde el acceso a recursos y el reconocimiento fiscal constituyen condiciones fundamentales para la operación de las OSC. La revocación ha generado preocupación en el sector debido a sus posibles efectos en discrecionalidad del uso del marco normativo, además de señales de alerta en un entorno de reducción democrática.
De manera paralela, se ha señalado el otorgamiento expedito del estatus de donataria a una asociación civil de reciente creación, vinculada a una iniciativa promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para apoyar a Cuba. La causa asegura el expresidente, tiene un carácter humanitario, pero la rapidez del proceso y la cercanía con este actor han generado cuestionamientos sobre la consistencia y los criterios aplicados por la autoridad fiscal.
En conjunto, estos hechos han reactivado el debate sobre la discrecionalidad en la regulación del sector, la igualdad de trato entre organizaciones y el uso de instrumentos fiscales como mecanismos que pueden influir en el entorno. En este sentido, el episodio plantea riesgos potenciales para la confianza en las instituciones, la autonomía de las OSC y las condiciones de participación en el ámbito público.

Seguridad, gobernabilidad y entorno habilitante: efectos tras los recientes operativos en México

El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”), líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo realizado en Jalisco. Tras el anuncio, se registró una reacción violenta  coordinada por parte del cartel que incluyó bloqueos carreteros y paralización de actividades en distintos puntos del país. Los hechos tuvieron especial resonancia internacional debido a que Guadalajara la capital de esta entidad, una de las principales ciudades afectadas, será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026. 

Más allá del impacto en seguridad pública, el episodio tiene implicaciones directas en el entorno habilitante para la sociedad civil. La violencia generalizada restringió temporalmente la libre circulación y alteró la vida cotidiana. Asimismo, en contextos donde el crimen organizado mantiene presencia territorial, este tipo de eventos suele profundizar dinámicas de autocensura entre medios locales, periodistas, defensoras y organizaciones comunitarias, debilitando la acción ciudadana. 

Además, el episodio ha alimentado procesos de desinformación y tensiones en redes sociales, complicando la confianza pública en torno a la respuesta estatal ante grupos criminales y la seguridad ciudadana. 

En el plano institucional, la posibilidad de una mayor militarización de la seguridad pública, sin mecanismos sólidos de supervisión civil, plantea riesgos adicionales para el equilibrio entre seguridad y libertades cívicas. Al mismo tiempo, la atención internacional generada por los hechos en un momento previo a un evento deportivo global incide en la percepción externa sobre la gobernabilidad democrática en México y las constantes tensiones con el gobierno de EUA respecto al tema de seguridad. 

En conjunto, este evento representa en este gobierno un hito en la confrontación entre el Estado y el crimen organizado, además de un punto que puede afectar estructuralmente el entorno para la participación ciudadana y la confianza en las instituciones democráticas durante este año.

Reforma electoral 2026: un proceso en construcción bajo un entorno de consenso frágil y participación ciudadana limitada.
Durante enero de 2026, la presidencia de la república avanzó en la construcción de una propuesta de reforma electoral que será presentada al Congreso a mediados de febrero. La iniciativa se discute en un contexto de alta polarización política y tensiones internas dentro de la coalición gobernante, quienes no han logrado consensuar aún el contenido final del proyecto.
Desde el Ejecutivo, la presidenta ha señalado que la reforma busca fortalecer la democracia, ampliar la participación ciudadana y reducir costos del sistema electoral. Funcionarios como la secretaria de Gobernación, han afirmado que existen diálogos en curso con los partidos aliados y que se cuenta ya con un primer borrador. No obstante, liderazgos legislativos han reconocido públicamente que, sin acuerdos políticos amplios, la iniciativa podría no prosperar.
En esta iniciativa han surgido propuestas sensibles, como la reducción o eliminación de diputaciones y senadurías de representación proporcional (plurinominales) ajustes al financiamiento de los partidos y cambios en la arquitectura institucional del sistema electoral. Estas discusiones han generado preocupación entre especialistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC), que advierten la escasa evidencia de una consulta ciudadana amplia, así como riesgos para el pluralismo político, la autonomía de las autoridades electorales y un posible retroceso en los mecanismos de participación ciudadana y en el impulso de los derechos político-electorales en los que han colaborado activamente.
Declaraciones del representante de la Comisión Presidencial para esta reforma, como “un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo”, han encendido alertas sobre un posible debilitamiento de la independencia de la autoridad electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones federales, supervisar a los partidos políticos y garantizar la integridad y equidad de los procesos electorales en México.
Aunque la iniciativa aún no ha sido formalmente presentada, el proceso se perfila como una reforma impulsada en un entorno de consenso político frágil, participación ciudadana limitada y señales preocupantes sobre el futuro del sistema electoral en México.

El 15 de septiembre de 2025, la presidenta de la República envió al legislativo la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo. Aunque la propuesta incluye aspectos fiscales y otros temas relevantes, el juicio de amparo ha sido un instrumento central para la defensa de derechos en México. Entre las modificaciones sustanciales, destaca el cambio en la definición de “interés legítimo”, lo que en la práctica restringe la capacidad de personas, comunidades y organizaciones de la sociedad civil (OSC) para promover amparos colectivos, especialmente en asuntos ambientales, sociales y de pueblos originarios.

El gobierno argumenta que la reforma busca reducir abusos y agilizar procesos; sin embargo, diversas OSC, colegios de abogados y colectivos han advertido que las modificaciones son regresivas y ponen en riesgo el acceso efectivo a la justicia.

La discusión legislativa incluyó audiencias públicas que concluyeron el 30 de septiembre, con ajustes menores al concepto de “interés legítimo”. No obstante, el proceso estuvo marcado por la participación limitada de la sociedad civil y por un ritmo acelerado que dificultó el análisis de los impactos de una reforma de gran trascendencia.
Lo más alarmante ocurrió el 1 de octubre, cuando el Senado aprobó la reforma con cambios mínimos y agregó, de último momento, un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la ley, extendiendo sus efectos a amparos ya en trámite. Esta decisión ha generado gran preocupación en amplios sectores, al considerarse un grave retroceso en el acceso a la justicia y sin contrapesos reales, con una Suprema Corte de Justicia muy cercana del control político del partido gobernante. Actualmente, la reforma pasa a una siguiente etapa, sin embargo, todo apunta a que será aprobada sin mayores modificaciones durante los próximos días.