Durante septiembre de 2026, dos iniciativas legislativas en México generaron un debate público bajo la denominación de «ley anti-memes». La polémica surgió ante la preocupación de que las propuestas pudieran restringir la creación y circulación de memes, sátiras políticas y parodias dirigidas a funcionarios públicos. Sin embargo, las dos reformas son distintas y ninguna establece explícitamente una prohibición general de los memes.
Aunque la iniciativa de reforma en materia de propiedad industrial fue presentada formalmente el 1 de junio de 2026, su contenido comenzó a circular públicamente hasta la tercera semana de septiembre, dejando a las organizaciones de la sociedad civil, periodistas, personas defensoras de los derechos digitales y otros actores muy poco tiempo para analizar sus disposiciones y expresar sus preocupaciones. El proceso legislativo avanzó rápidamente: la propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados y posteriormente enviada al Senado, donde fue aprobada el 30 de septiembre. Este calendario acelerado generó preocupaciones por la falta de un proceso de consulta pública significativo e inclusivo, que limitó las oportunidades de la sociedad civil para aportar observaciones, evaluar las posibles implicaciones en materia de derechos humanos y proponer salvaguardas antes de que la reforma avanzara en el Congreso.
La primera iniciativa, relativa a las modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor, busca modificar la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet por las infracciones a los derechos de autor cometidas por sus usuarios, incluida la eliminación de determinados contenidos modificados mediante inteligencia artificial. El 29 de septiembre, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen, que obligaría a los proveedores de Internet a retirar obras, grabaciones de audio o voces alteradas mediante inteligencia artificial cuando infrinjan los derechos de autor. La oposición expresó su preocupación por las posibles consecuencias para la libertad de expresión y el acceso a Internet.
La segunda iniciativa contempla reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El 30 de septiembre, el Senado aprobó la reforma por 72 votos a favor y 34 en contra y la turnó a la Cámara de Diputados. La reforma busca fortalecer la protección de la propiedad intelectual, combatir la piratería y la falsificación, y sancionar el uso fraudulento de símbolos oficiales del gobierno, identidades gráficas institucionales, dominios electrónicos y documentos oficiales. El artículo 403 Bis reformado establece penas de prisión de uno a cinco años y multas de 1.000 a 10.000 unidades de medida y actualización (UMA) cuando estos elementos se utilicen con fines comerciales para engañar al público y cometer un acto ilícito.
Organizaciones como R3D, ARTICLE 19 y SocialTIC han expresado su preocupación por las posibles implicaciones de estos cambios legislativos. En particular, el aumento de las obligaciones y las posibles sanciones para los proveedores de servicios de Internet podría generar incentivos para retirar contenidos de manera preventiva o monitorear la actividad de las personas usuarias, incluso en ausencia de una determinación judicial sobre la existencia de una infracción. En cuanto a la reforma en materia de propiedad industrial, las preocupaciones se centran en la interpretación y el alcance de las disposiciones relativas al uso de símbolos oficiales, así como en la posibilidad de que estas se apliquen de manera que restrinjan la crítica política legítima, la sátira, la parodia o la expresión periodística.
Durante el debate en el Senado del 30 de septiembre, integrantes del partido gobernante Morena sostuvieron que la reforma no prohíbe los memes ni la sátira política, y subrayaron que las disposiciones están dirigidas a la suplantación fraudulenta de instituciones públicas. Por su parte, senadores de oposición argumentaron que la redacción podría dejar margen para restringir la libertad de expresión y exponer potencialmente a periodistas, creadores de contenido y personas dedicadas a la sátira política a procesos penales. Los senadores afines al gobierno destacaron que la disposición reformada se aplica específicamente al uso comercial de identidades oficiales con la intención de engañar al público y facilitar actos ilícitos. Este desacuerdo pone de relieve la importancia de contar con definiciones legales claras y salvaguardas que eviten una aplicación excesivamente amplia de la ley.