Desde 2015, Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria agravada por un contexto político restrictivo. En 2024 y 2025, nuevas leyes como la de ONG y la Ley contra el Fascismo limitaron el espacio cívico, afectando la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Se documentaron cierres de medios, hostigamiento a periodistas, detenciones arbitrarias y represión de protestas, especialmente tras las elecciones presidenciales de 2024. La cooperación internacional se redujo, dificultando la sostenibilidad de las organizaciones sociales. Pese a la estigmatización oficial y restricciones digitales, la sociedad civil mantiene su compromiso en la defensa de derechos humanos y la asistencia humanitaria.
