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En el último año y medio el contexto del espacio cívico en Venezuela estuvo marcado por tres acontecimientos clave. El primero, las elecciones presidenciales de julio de 2024 y los eventos que se sucedieron posterior a dicha fecha, que marcaron un punto de inflexión en el contexto político y social del país, caracterizado por una intensificación de la represión y criminalización de la protesta, el hostigamiento y detenciones arbitrarias no solamente contra manifestantes, sino también en contra de activistas y defensores de derechos humanos.
El segundo, la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizciones Sociales sin Fines de Lucro, que representa un retroceso importante al ejercicio del derecho de libertad de asociación, al imponer requisitos excesivos para el registro y funcionamiento de organizaciones, el establecimiento de un régimen sancionatorio desproporcionado, concentración de poderes extraordinarios sobre el poder ejecutivo y la falta de una reglamentación clara, todo lo cual ha generado un clima de inseguridad jurídica que afecta la continuidad del trabajo de las organizaciones, a pesar de que la norma no se ha aplicado de forma sistemática.
El tercer evento, la drástica reducción del financiamiento internacional, producto de las decisiones tomadas por el gobierno de Estado Unidos a inicios de 2024, que se suma a la ausencia de apoyo por parte del Estado, y la limitada disponibilidad de recursos del sector privado, que no alcanzan a cubrir todas las necesidades.
El discurso oficial hacia las organizaciones de sociedad civil están caracterizadas por la estigmatización, la difusión de información falsa y las amenazas hacia personas y organizaciones, lo que ha tenido un notable impacto en la participación cívica. Estos hechos se repiten de forma sistemática en el espacio digital, donde además se implementan bloqueos masivos contra medios de comunicación y redes sociales, que obstaculizan el ejercicio de derechos fundamentales.
