En 2025, el entorno habilitante para la sociedad civil en México ha seguido debilitándose, marcado por reformas institucionales, legislación restrictiva y riesgos crecientes para activistas y organizaciones. Las libertades cívicas permanecen bajo presión: el CIVICUS Monitor calificó el espacio cívico de México como represivo (2.6 en 2024, probablemente más bajo en 2025), con violencia persistente contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas ambientales y madres buscadoras —dos de las cuales fueron asesinadas este año. En julio, el Congreso aprobó reformas que amplían las facultades de vigilancia y crean la “Plataforma Central de Inteligencia” conectada al “Sistema Nacional de Información” y “Plataforma Única de Identidad”, permitiendo el monitoreo en tiempo real sin salvaguardas. La disolución del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y de Coneval ha restringido aún más el acceso a la información, mientras que las reformas fiscales incrementaron las cargas administrativas para las OSC autorizadas.
A pesar de estos retrocesos, persisten oportunidades para la resiliencia. Iniciativas locales como Quintana Roo Participa ampliaron los mecanismos de consulta y presupuestos participativos, mientras que alianzas como Sumar para Transformar demostraron el potencial de la filantropía colaborativa para fortalecer a organizaciones de atención a niñas, niños y adolescentes. La sociedad civil sigue innovando a través de la organización comunitaria, la resistencia de base y los esfuerzos de educación cívica liderados por jóvenes como Juventud Actúa MX, que destacan espacios de renovación democrática.
La tendencia más preocupante es la consolidación de un modelo de gobernanza centralizado que concentra el poder en el Ejecutivo y el partido gobernante, restringe el diálogo con la sociedad civil y promueve narrativas estigmatizantes. Estos desarrollos socavan la confianza, limitan la participación y amenazan derechos fundamentales.
Recomendaciones clave incluyen:
- Reforzar la documentación y visibilidad de los impactos de los marcos restrictivos sobre las OSC;
- Promover modelos de filantropía flexibles y colaborativos que garanticen la sostenibilidad financiera;
- Fortalecer la seguridad digital y las capacidades jurídicas, en particular de organizaciones rurales y de base; y
- Avanzar en la educación cívica y la pedagogía democrática para contrarrestar la desinformación y las narrativas excluyentes.
