Entre junio y diciembre de 2025, Ecuador ha evidenciado un progresivo deterioro de la institucionalidad democrática y de las libertades civiles, marcado por la normalización de estados de emergencia que restringen derechos fundamentales bajo la justificación de un “conflicto armado interno”, ataques contra la Corte Constitucional, la intolerancia al disentimiento y la creciente criminalización de la protesta social. En el plano normativo, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Transparencia Social –enviada por el presidente Daniel Noboa– que habilita la disolución de organizaciones bajo criterios amplios y discrecionales, el congelamiento de fondos y la imposición de exigencias de gobernanza y reporte financiero desproporcionadas, afectando especialmente a organizaciones locales y de menores recursos.
