Colombia sigue enfrentándose a una violencia generalizada y creciente que no da señales de remitir, con profundas consecuencias para el entorno propicio y las condiciones necesarias para la participación democrática. Los grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas mantienen y amplían su control territorial en amplias zonas del país, con continuos enfrentamientos armados en regiones de importancia estratégica. Esta violencia afecta directamente a las comunidades, en particular a los líderes sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas, defensores del medio ambiente y signatarios del Acuerdo de Paz. Su impacto refuerza los patrones de silenciamiento, autocensura y debilitamiento de la acción colectiva, especialmente en las zonas rurales, donde la presencia institucional y la capacidad del Estado siguen siendo limitadas.
Esta dinámica de seguridad se ve agravada por una profunda fragilidad social. Más de un tercio de los colombianos siguen viviendo en la pobreza y la exclusión, lo que limita su capacidad para acceder a los mecanismos de participación. Aunque tanto la Constitución de 1991 como el Acuerdo Final de Paz de 2016 establecen la participación ciudadana como un principio democrático fundamental, su aplicación ha sido desigual e insuficiente. Los asesinatos de líderes sociales siguen alcanzando niveles críticos, y en 2025 se observa una tendencia al alza en comparación con los últimos años. Esto pone de relieve la limitada capacidad del Estado para prevenir los ataques, proporcionar protección y llevar a cabo investigaciones coordinadas y con enfoque territorial. Las respuestas siguen siendo en gran medida reactivas, fragmentadas y mal coordinadas, lo que debilita las garantías para la defensa de los derechos y la libertad de prensa en todo el país.
Esta situación se desarrolla en un momento de deterioro de la legitimidad institucional y en vísperas de las elecciones presidenciales de 2026. Los escándalos de corrupción, los malos resultados en materia de seguridad y transparencia, y la tensa gobernanza han erosionado la confianza de la ciudadanía. A medida que avanza el ciclo electoral, se intensifica la polarización política, mientras que las instituciones se centran en la transición administrativa en lugar de abordar los factores estructurales que socavan la protección de los derechos y la participación democrática. En consecuencia, el entorno propicio está sometido a una mayor presión debido a la contienda política, la desinformación y los graves riesgos para la seguridad territorial.
En este contexto, el presente informe analiza el entorno propicio para la sociedad civil a través de seis principios básicos. Su objetivo es examinar las tensiones entre las garantías formales y la realidad vivida en el ejercicio de los derechos, la participación en la vida pública y la movilización colectiva en un momento decisivo para la trayectoria democrática de Colombia.
