El entorno habilitante para las organizaciones de la sociedad civil en Bolivia, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, se mantiene tensionado por factores estructurales que limitan su pleno desenvolvimiento. Aunque se observa una reducción en las vulneraciones registradas —62 a la libertad de prensa y 24 a la libertad de expresión, frente a 99 y 29 respectivamente en el semestre anterior— la situación continúa siendo compleja. Las agresiones contra periodistas, que incluyen estigmatización, violencia verbal y física, reflejan un clima restrictivo para el ejercicio de derechos fundamentales. A ello se suma la falta de independencia y eficiencia del sistema judicial, debilitado por casos de corrupción y actuaciones indebidas, lo que reduce su capacidad de protección y afecta directamente a defensores y organizaciones.
El contexto sociopolítico más amplio se caracteriza por una marcada polarización política, tensiones entre gobierno y actores sociales, debilidad institucional en órganos de control y justicia, restricciones normativas y administrativas que dificultan la labor de las organizaciones de sociedad civil (OSC), así como presiones crecientes sobre medios independientes. Estos elementos configuran un escenario desafiante para la consolidación de un espacio cívico seguro y pleno.
En este marco, resulta estratégico recomendar el fortalecimiento de mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos, la promoción de reformas que garanticen mayor independencia judicial, la simplificación de marcos normativos que regulan a las OSC y el impulso de iniciativas que favorezcan un entorno de participación ciudadana más abierto y transparente. Solo mediante estas acciones será posible avanzar hacia un espacio cívico que permita a las organizaciones de la sociedad civil desempeñar su rol de manera efectiva y sostenible.
