El ambiente habilitante en Bolivia para las organizaciones de la sociedad civil continúa enfrentando limitaciones debido a vulneraciones de las libertades fundamentales —como la libertad de prensa y de expresión—, la instrumentalización de la justicia en procesos electorales, un marco legal restrictivo para la obtención de personería jurídica y la creciente precariedad de los recursos financieros, tanto de la cooperación internacional como de fuentes estatales. Estos factores, sumados a prácticas de estigmatización, fragmentación y falta de garantías en el acceso a financiamiento sostenible, configuran un escenario de inestabilidad que debilita la autonomía, sostenibilidad e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil.