El 14 de septiembre, el comité ejecutivo de la Central Autónoma de Trabajadores de Panamá fue destituido como resultado de una asamblea general que, según su secretario general, no cumplió con los estatutos del sindicato. El congreso se convocó para elegir un nuevo Comité Ejecutivo (Junta Directiva), pero solo participaron seis de las dieciocho organizaciones afiliadas. El artículo 16 de los estatutos de la CGTP estipula que la convocatoria de un Congreso Nacional de Trabajadores debe ser emitida por el propio Comité Ejecutivo o por al menos la mitad más uno de las organizaciones afiliadas. A pesar de este requisito, la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Humano (MITRADEL) reconoció rápidamente el congreso y aprobó el cambio en la Junta Directiva de la CGTP. Además, la secretaria general fue objeto de una denuncia presentada por otro líder sindical, que la acusó de delitos contra el honor. La causa penal fue desestimada por un juez que consideró que carecía de pruebas. El caso penal fue desestimado por un juez que consideró que carecía de pruebas. El líder sindical sostiene que no se trata de un incidente aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia contra el movimiento sindical panameño.

Esto suscita preocupación por el posible debilitamiento de la organización colectiva de los trabajadores y la injerencia política en los procesos internos de los sindicatos. Estos acontecimientos pueden socavar el entorno propicio para la sociedad civil al erosionar la autonomía organizativa, reducir la confianza en las estructuras de gobernanza democrática y restringir la capacidad de los sindicatos para operar de manera libre e independiente.