Una Comisión de la Asamblea Nacional aprueba de manera inconsulta una reforma al derecho a réplica en los medios de comunicación
El miércoles 11 de marzo de 2026, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en primer debate una reforma a la ley 22 de 29 de junio de 2005 que regula el derecho a réplica. El proyecto de ley aprobado en primer debate establece el criterio de visibilidad de la réplica y que debe tener la misma prominencia que la noticia original. Obligarían a los medios a mantener espacios o secciones permanentes para la publicación de réplicas, entre otros aspectos.
En Panamá ya está regulado el derecho a réplica en la ley de 22 de junio de 2005, que fue aprobado con la participación de los medios de comunicación y en un ambiente democrático, que buscaba adecuar la legislación panameños a los estándares interamericanos.
Las principales organizaciones gremiales de periodistas y medios se pronunciaron y han señalado que la iniciativa altera el equilibrio entre la libertad editorial y la responsabilidad informativa, convirtiendo un principio de autorregulación ética en un “mecanismo coercitivo sujeto a sanción judicial”.
Aunque la ley aún no ha sido aprobada por la Asamblea, lo preocupante de lo ocurrido el 11 de marzo es que se hizo con el respaldo unánime de los miembros de la Comisión, pertenecientes a varias bancadas.
Lo otro cuestionable es que se hizo sin haber escuchado las opiniones de gremios de periodistas y de medios de comunicación.

1. Orden de alejamiento de los lugares frecuentados por los querellantes.
2. Prohibición de hostigamiento y agresiones verbales.
3. Restricciones sobre publicaciones en medios tecnológicos o electrónicos que pudieran afectar la efectividad de la protección

Ordenan secuestro civil contra bienes de organizaciones defensoras del ambiente.
El 22 de enero de 2026, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) detectó la inmovilización de sus fondos bancarios. Tras consultar con Banco General, se confirmó que el Juzgado Quinto Liquidador Civil ordenó el secuestro preventivo de sus cuentas. Simultáneamente, el mismo juzgado ejecutó el secuestro de fincas pertenecientes a la organización Adopta Bosques Panamá. CIAM y Adopta Bosque Panamá son referentes locales en la protección del medio ambiente.
Estas medidas responden a una demanda por daños y perjuicios interpuesta por los promotores de un proyecto en la provincia de Chiriquí, quienes acusan a las ONG de una supuesta “campaña de desinformación” que habría generado pérdidas económicas. Cabe destacar que, en agosto de 2025, la empresa ya había presentado querella penal por calumnia e injuria contra ambas organizaciones.
A pesar de que la demanda fue presentada el 27 de enero y sigue en trámite de admisión, al 4 de febrero las organizaciones no han sido notificadas formalmente, lo que les impide ejercer su derecho constitucional a la defensa y a ser representada legalmente dentro del proceso.
El día 5 de febrero se realizó conferencia de prensa para demostrar el rechazo de sociedad civil a este tipo de prácticas.
Este tipo de acciones legales contra defensores de derechos humanos generan un efecto inhibidor en la sociedad, alentando la autocensura entre otros actores sociales que, ante el temor de enfrentar represalias judiciales, podrían abstenerse de ejercer su derecho a la participación y la denuncia pública. Como consecuencia, se erosiona el ejercicio democrático y se debilita el control ciudadano sobre las decisiones que afectan el interés colectivo.

El 14 de septiembre, el comité ejecutivo de la Central Autónoma de Trabajadores de Panamá fue destituido como resultado de una asamblea general que, según su secretario general, no cumplió con los estatutos del sindicato. El congreso se convocó para elegir un nuevo Comité Ejecutivo (Junta Directiva), pero solo participaron seis de las dieciocho organizaciones afiliadas. El artículo 16 de los estatutos de la CGTP estipula que la convocatoria de un Congreso Nacional de Trabajadores debe ser emitida por el propio Comité Ejecutivo o por al menos la mitad más uno de las organizaciones afiliadas. A pesar de este requisito, la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Humano (MITRADEL) reconoció rápidamente el congreso y aprobó el cambio en la Junta Directiva de la CGTP. Además, la secretaria general fue objeto de una denuncia presentada por otro líder sindical, que la acusó de delitos contra el honor. La causa penal fue desestimada por un juez que consideró que carecía de pruebas. El caso penal fue desestimado por un juez que consideró que carecía de pruebas. El líder sindical sostiene que no se trata de un incidente aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia contra el movimiento sindical panameño.

Esto suscita preocupación por el posible debilitamiento de la organización colectiva de los trabajadores y la injerencia política en los procesos internos de los sindicatos. Estos acontecimientos pueden socavar el entorno propicio para la sociedad civil al erosionar la autonomía organizativa, reducir la confianza en las estructuras de gobernanza democrática y restringir la capacidad de los sindicatos para operar de manera libre e independiente.