Elección de la Defensora del Pueblo irrespetando la participación pública
El 8 de abril de 2026, el pleno de la Asamblea Nacional eligió a la exmagistrada Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo, con 37 votos. El proceso fue calificado, por diversos sectores, como una imposición oficialista, luego de que el partido de gobierno, Realizando Metas (RM), instruyera públicamente a su bancada a respaldar su candidatura, refiriéndose a ella como la “ungida”. Organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de una participación ciudadana efectiva, tal como lo mandatan la Ley 504 de 2025 y el reglamento de elección. La Ley 504 de 2025, que regula la Defensoría del Pueblo, establece en su artículo 8 que la Comisión de Gobierno “deberá promover la participación de la sociedad civil en las sesiones de selección”.
Aunque se recibieron 10 objeciones ciudadanas, dos de ellas contra la exmagistrada Russo, ni el contenido de estas ni las razones de su desestimación fueron divulgadas, lo que impidió el acceso ciudadano a dicha información. Los tres comunicados emitidos por organizaciones de derechos humanos sobre la elección no fueron considerados ni incorporados al debate parlamentario.
Una de las objeciones señaló que la trayectoria de Ángela Russo ha sido cuestionada debido a su rol como ponente en el fallo que anuló la investigación del caso Finmeccanica. Juristas internacionales advirtieron que dicho fallo obstaculizó la rendición de cuentas sobre fondos públicos. La objeción ciudadana alertó que el nombramiento de figuras vinculadas a círculos de confianza o respaldadas por partidos de gobierno podría anular el rol de contrapeso de la Defensoría y profundizar la crisis de legitimidad institucional.

Una Comisión de la Asamblea Nacional aprueba de manera inconsulta una reforma al derecho a réplica en los medios de comunicación
El miércoles 11 de marzo de 2026, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en primer debate una reforma a la ley 22 de 29 de junio de 2005 que regula el derecho a réplica. El proyecto de ley aprobado en primer debate establece el criterio de visibilidad de la réplica y que debe tener la misma prominencia que la noticia original. Obligarían a los medios a mantener espacios o secciones permanentes para la publicación de réplicas, entre otros aspectos.
En Panamá ya está regulado el derecho a réplica en la ley de 22 de junio de 2005, que fue aprobado con la participación de los medios de comunicación y en un ambiente democrático, que buscaba adecuar la legislación panameños a los estándares interamericanos.
Las principales organizaciones gremiales de periodistas y medios se pronunciaron y han señalado que la iniciativa altera el equilibrio entre la libertad editorial y la responsabilidad informativa, convirtiendo un principio de autorregulación ética en un “mecanismo coercitivo sujeto a sanción judicial”.
Aunque la ley aún no ha sido aprobada por la Asamblea, lo preocupante de lo ocurrido el 11 de marzo es que se hizo con el respaldo unánime de los miembros de la Comisión, pertenecientes a varias bancadas.
Lo otro cuestionable es que se hizo sin haber escuchado las opiniones de gremios de periodistas y de medios de comunicación.

1. Orden de alejamiento de los lugares frecuentados por los querellantes.
2. Prohibición de hostigamiento y agresiones verbales.
3. Restricciones sobre publicaciones en medios tecnológicos o electrónicos que pudieran afectar la efectividad de la protección