With less than two weeks to go before the 31 May 2026 presidential elections, concerns have grown over the deterioration of security conditions and democratic safeguards in the country. The Electoral Observation Mission (MOE) warned that 386 municipalities present some level of electoral risk associated with violence, the presence of armed groups, disinformation and potential threats to the integrity of the process, whilst 81 municipalities are at extreme risk. At the same time, various organisations and authorities have raised the alarm over attempts by illegal armed groups to exert pressure and interfere in strategic areas ahead of election day.
Against this backdrop, serious acts of political violence have been reported in recent weeks, raising serious concerns about the safety of candidates, campaign teams and political leaders. Notable among these is the murder on 15 May 2026 of Rogers Mauricio Devia Escobar, former mayor of Cubarral (Meta) and local coordinator of a presidential campaign, along with his adviser Eder Fabián Cardona López, which took place after a day of campaigning. These murders took place amidst a series of attacks and threats against political figures in the department of Meta, including attacks on other members of election campaigns, such as an attempted kidnapping of a member of the Pacto Histórico (ruling party) campaign, creating a scenario of increasing risk for the exercise of political activity.
The convergence of incidents of lethal violence, threats against political leaders, warnings of armed coercion and the risks of disinformation points to an increasingly complex environment for the conduct of free and fair elections. Also of note in the department of Meta is the report of pressure from armed groups through mechanisms such as the illegal registration of farmers with the aim of influencing the election results. Although the National Liberation Army (ELN) has announced a unilateral ceasefire from 30 May to 2 June, concerns remain.
The situation poses challenges for civic participation, fair political competition and public trust in democratic institutions, particularly in municipalities where armed conflict and territorial control by illegal groups continue.
Continúa el recrudecimiento de la violencia en el contexto de las elecciones presidenciales en Colombia
A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, ha aumentado la preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad y las garantías democráticas en el país. La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió de que 386 municipios presentan algún nivel de riesgo electoral asociado a la violencia, la presencia de grupos armados, la desinformación y posibles amenazas a la integridad del proceso, mientras que 81 municipios se encuentran en situación de riesgo extremo. Al mismo tiempo, diversas organizaciones y autoridades han dado la voz de alarma ante los intentos de grupos armados ilegales de ejercer presión e interferir en zonas estratégicas en vísperas de la jornada electoral.
En este contexto, en las últimas semanas se han denunciado graves actos de violencia política, lo que ha suscitado una profunda preocupación por la seguridad de los candidatos, los equipos de campaña y los líderes políticos. Entre ellos destaca el asesinato, el 15 de mayo de 2026, de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral (Meta) y coordinador local de una campaña presidencial, junto con su asesor Eder Fabián Cardona López, que tuvo lugar tras una jornada de campaña. Estos asesinatos se produjeron en medio de una serie de ataques y amenazas contra figuras políticas en el departamento del Meta, incluidos ataques contra otros miembros de campañas electorales, como un intento de secuestro de un miembro de la campaña del Pacto Histórico (partido gobernante), lo que ha creado un escenario de riesgo creciente para el ejercicio de la actividad política.
La acumulación de incidentes de violencia letal, amenazas contra líderes políticos, advertencias de coacción armada y los riesgos de desinformación apuntan a un entorno cada vez más complejo para la celebración de elecciones libres y justas. También cabe destacar en el departamento de Meta el informe sobre presiones de grupos armados a través de mecanismos como el registro ilegal de agricultores con el objetivo de influir en los resultados electorales. Aunque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado un alto el fuego unilateral del 30 de mayo al 2 de junio, persisten las preocupaciones.
La situación plantea retos para la participación ciudadana, la competencia política leal y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, especialmente en los municipios donde persisten el conflicto armado y el control territorial por parte de grupos ilegales.