On October 21, 2026, Édgar Ortiz Romero, a lawyer and member of the Guatemalan civil society organization Poder Ciudadano, publicly denounced threats, intimidation, and surveillance against members of the organization, received in response to their activities to promote justice reforms.
Poder Ciudadano is a Guatemalan civil society association that promotes citizen participation and proposals for institutional strengthening. Among its recent initiatives is a proposal for constitutional reform related to the justice system.
According to Ortiz, members of the organization have received intimidating messages and have identified people who allegedly monitor their movements and document their activities. He also indicated that the facts were reported to the Public Prosecutor’s Office since September and that additional information was later incorporated. On 22 October, the Guatemalan Bar Association similarly requested that the authorities investigate the threats made against the organization.
Due to security concerns, the organization decided to suspend public activities, including the Citizen Congress scheduled for October 31, 2026.
President Bernardo Arévalo publicly denounced the reported threats and reported that the Ministry of the Interior maintains communication with the affected people to coordinate security measures.
While threats, intimidation and acts of harassment against human rights defenders and civil society organizations are not isolated events in Guatemala, the case of Poder Ciudadano has particular relevance because the threats and monitoring denounced led to the suspension of public activities, including the Citizen Congress scheduled for October 31. This shows a concrete impact on the exercise of freedom of association, expression and citizen participation. The case is thus relevant to the enabling environment because the threats and acts of intimidation reported may limit the ability of civil society organizations to carry out public activities, present proposals, promote institutional reforms, and exercise their rights to participation and expression.
It will be essential that civil society organizations continue to follow up on the case and that the competent institutions guarantee safe conditions for the exercise of the rights of association, expression and participation, regardless of the content of the proposals they promote.
Organización de sociedad civil guatemalteca denuncia amenazas y seguimientos contra sus integrantes durante la promoción de reformas al sistema de justicia
El 21 de octubre de 2026, Édgar Ortiz Romero, abogado e integrante de la organización de sociedad civil guatemalteca Poder Ciudadano, denunció públicamente amenazas, intimidaciones y seguimientos contra integrantes de la organización, en el contexto de sus actividades de promoción de reformas al sistema de justicia.
Poder Ciudadano es una asociación civil guatemalteca que promueve la participación ciudadana y propuestas de fortalecimiento institucional. Entre sus iniciativas recientes se encuentra una propuesta de reforma constitucional relacionada con el sistema de justicia.
Según Ortiz, integrantes de la organización han recibido mensajes intimidatorios y han identificado personas que presuntamente vigilan sus movimientos y documentan sus actividades. También indicó que los hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público desde septiembre y que posteriormente se incorporó información adicional. El 22 de octubre, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala también solicitó que las autoridades investigaran las amenazas.
Debido a las preocupaciones de seguridad, la organización decidió suspender actividades públicas, incluido el Congreso Ciudadano previsto para el 31 de octubre de 2026.
El presidente Bernardo Arévalo rechazó públicamente las amenazas denunciadas e informó que el Ministerio de Gobernación mantiene comunicación con las personas afectadas para coordinar medidas de seguridad.
Si bien las amenazas, intimidaciones y actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil no constituyen hechos aislados en Guatemala, el caso de Poder Ciudadano tiene una relevancia particular porque las amenazas y seguimientos denunciados provocaron la suspensión de actividades públicas, incluido el Congreso Ciudadano programado para el 31 de octubre, relacionado con la promoción de una reforma al sistema de justicia. Esto evidencia una afectación concreta al ejercicio de la libertad de asociación, expresión y participación ciudadana. El caso resulta relevante para el entorno habilitante porque las amenazas y los actos de intimidación denunciados pueden limitar la capacidad de las organizaciones de sociedad civil para desarrollar actividades públicas, presentar propuestas, promover reformas institucionales y ejercer sus derechos de participación y expresión.
Será fundamental que las organizaciones de sociedad civil continúen dando seguimiento al caso y que las instituciones competentes garanticen condiciones seguras para el ejercicio de los derechos de asociación, expresión y participación, independientemente del contenido de las propuestas que promuevan.