During the first half of October 2026, new reports of threats against social leaders in Norte de Santander were documented, whilst human rights organisations warned of possible setbacks in the institutional capacity responsible for preventing and responding to such attacks.
On 16 October 2026, the Standing Committee for the Defence of Human Rights reported acts of intimidation against community leaders, unionised teachers, members of women’s organisations and human rights defenders in the Catatumbo region. The organisation also highlighted the murder in Ocaña of a leader who worked with young people and criticised the state’s inadequate response to the humanitarian crisis. In Cúcuta, the Community Federation reported 50 cases of threats against community leaders and chairpersons of Community Action Committees during 2026, five more than in 2025. According to its president, more than 70 per cent of those affected were chairpersons of such committees; some are said to have resigned from their posts, moved house or left the city. At national level, on 16 October, three human rights organisations raised concerns about the lack of a permanent appointment to head the Human Rights Directorate at the Ministry of the Interior and a possible reduction in its staff numbers. Furthermore, the President ordered a review of personal protection arrangements and the removal of those that were not duly justified, as part of an austerity policy.
The convergence of these events poses a risk to the ability of civil society organisations to exercise their rights and to the state’s obligation to protect them from threats, as well as to address the prolonged crisis of threats against social leaders in the country.
Amenazas contra liderazgos sociales en Norte de Santander y señales de debilitamiento de la capacidad estatal de protección de personas defensoras de derechos humanos
Durante la primera quincena de octubre de 2026, se documentaron nuevas denuncias de amenazas contra líderes sociales en Norte de Santander, mientras que las organizaciones de derechos humanos alertaron sobre posibles retrocesos en la capacidad institucional encargada de prevenir y responder a este tipo de ataques.
El 16 de octubre de 2026, el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos denunció actos de intimidación contra líderes comunitarios, docentes sindicalizados, miembros de organizaciones de mujeres y defensores de los derechos humanos en la región del Catatumbo. La organización también destacó el asesinato en Ocaña de un líder que trabajaba con jóvenes y criticó la respuesta inadecuada del Estado ante la crisis humanitaria. En Cúcuta, la Federación Comunitaria denunció 50 casos de amenazas contra líderes comunitarios y presidentes de los Comités de Acción Comunitaria durante 2026, cinco más que en 2025. Según su presidente, más del 70 % de los afectados eran presidentes de dichos comités; al parecer, algunos han dimitido de sus cargos, se han mudado de casa o han abandonado la ciudad. A nivel nacional, el 16 de octubre, tres organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la falta de un nombramiento permanente para dirigir la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y por una posible reducción de su plantilla. Además, el presidente ordenó una revisión de las medidas de protección personal y la supresión de aquellas que no estuvieran debidamente justificadas, como parte de una política de austeridad.
La convergencia de estos hechos supone un riesgo para la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de ejercer sus derechos y para la obligación del Estado de protegerlas frente a las amenazas, así como para hacer frente a la prolongada crisis de amenazas contra los líderes sociales en el país.