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The murder of anti-corruption lawyer Juan Francisco Solórzano Foppa raises concerns about the safety of human rights defenders in Guatemala

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On 17 October 2026, prominent Guatemalan lawyer and former prosecutor Juan Francisco Solórzano Foppa was killed during an armed attack at the Campo Marte sports center, located in Guatemala City. Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro also lost his life in the same incident. Solórzano Foppa was recognized for his career in the investigation of corruption cases, his participation in public institutions and his pronouncements on matters related to justice, transparency and the fight against impunity.

The murder provoked pronouncements from national and international human rights organizations, including Human Rights Watch and the Organization of American States (OAS), which called for a prompt, thorough, independent and due process investigation. The president of Guatemala, Bernardo Arévalo, also condemned the crime and requested that the facts be clarified and the corresponding responsibilities established.

The Attorney General’s Office and security authorities launched investigations to determine the circumstances of the attack and identify those responsible. So far, no definitive motive for the murder has been publicly established.

The event generates concern for the enabling environment due to Solórzano Foppa’s public career and the risks faced by those who participate in the denunciation of possible irregularities, the defense of human rights and the fight against corruption.

Asesinato del abogado anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa genera preocupación por la seguridad de personas defensoras de derechos humanos en Guatemala

El 17 de octubre de 2026, el abogado y exfiscal guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado durante un ataque armado ocurrido en el centro deportivo Campo Marte, ubicado en la Ciudad de Guatemala. En el mismo hecho también perdió la vida Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Solórzano Foppa era reconocido por su trayectoria en la investigación de casos de corrupción, su participación en instituciones públicas y sus pronunciamientos sobre asuntos relacionados con la justicia, la transparencia y la lucha contra la impunidad.

El asesinato provocó pronunciamientos de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch y la Organización de los Estados Americanos (OEA), que solicitaron una investigación pronta, exhaustiva, independiente y respetuosa del debido proceso. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también condenó el crimen y solicitó esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

El Ministerio Público y las autoridades de seguridad iniciaron investigaciones para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente un móvil definitivo del asesinato.

El acontecimiento genera preocupación para el entorno habilitante debido a la trayectoria pública de Solórzano Foppa y a los riesgos que enfrentan quienes participan en la denuncia de posibles irregularidades, la defensa de derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

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