The national government issued Decree 1368 of 8 September 2026, by which it lifted the general suspension on permits to carry firearms that had remained in force continuously since 2015. The measure reinstates the validity of existing individual licences and removes the need for special authorisations for those who already hold a licence, whilst maintaining the requirements and controls set out in Decree-Law 2535 of 1993.
Whilst the decree does not establish a system of open-carry, the decision represents a significant shift in the gun control policy that has been in place over the last decade and has raised concerns amongst security experts and human rights organisations regarding its potential impact on interpersonal violence, the protection of community leaders and the exercise of civil liberties in highly conflict-ridden areas.
Decree 1368 repeals the general suspension that prevented even those who already held valid licences from carrying out courier services. From the date it comes into force: the full validity of existing individual firearms licences is restored, the additional special authorisation that previously had to be issued by the military authorities is no longer required as well as the legal requirements for obtaining a firearms licence remain in place, including physical and psychophysical assessments, background checks and authorisation from the Department for the Control of Trade in Arms, Ammunition and Explosives (DDCAE).
El Gobierno levanta la suspensión general del porte de armas mediante el Decreto 1368 de 2026
El Gobierno nacional promulgó el Decreto 1368, de 8 de septiembre de 2026, mediante el cual levantó la suspensión general de los permisos de porte de armas de fuego que había permanecido en vigor de forma ininterrumpida desde 2015. La medida restablece la validez de las licencias individuales existentes y elimina la necesidad de autorizaciones especiales para quienes ya disponen de una licencia, al tiempo que mantiene los requisitos y controles establecidos en el Decreto-Ley 2535 de 1993.
Aunque el decreto no establece un sistema de porte abierto de armas, la decisión supone un cambio significativo en la política de control de armas que se ha venido aplicando durante la última década y ha suscitado inquietudes entre los expertos en seguridad y las organizaciones de derechos humanos en cuanto a su posible impacto en la violencia interpersonal, la protección de los líderes comunitarios y el ejercicio de las libertades civiles en zonas muy conflictivas.
El Decreto 1368 deroga la suspensión general que impedía, incluso a quienes ya disponían de licencias válidas, prestar servicios de mensajería. A partir de la fecha de su entrada en vigor: se restablece la plena validez de las licencias individuales de armas de fuego existentes; ya no es necesaria la autorización especial adicional que antes debían expedir las autoridades militares; y se mantienen los requisitos legales para la obtención de una licencia de armas de fuego, incluidas las evaluaciones físicas y psicofísicas, la verificación de antecedentes y la autorización del Departamento de Control del Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DDCAE).