On 1 October 2026, digital rights activist and technical director of the Centre for Digital Autonomy, Ola Bini, announced via posts on X his arrest and deportation from Ecuador, where he had been living for 13 years. According to Bini, the decision was based on a confidential report that described him as a “threat to state security”, without him being allowed to see the evidence used against him. Furthermore, he stated that immigration officials did not allow him timely access to his lawyers or to contact the Honorary Consulate of Sweden in Quito.
Bini’s arrest and expulsion demonstrate the high level of obstruction to the guarantees of access to justice, due process, freedom of expression and the participation of civil society actors in matters of public interest in the country. Furthermore, the lack of timely access to legal representation and consular support could exacerbate these restrictions in cases involving foreign nationals. Taken together, this case heightens concerns regarding the use of extraordinary state security powers against civil society actors.
Fundamedios condemned the events and described them as a turning point in the erosion of democratic safeguards. Meanwhile, Fundación Ciudadanía y Desarrollo joined in this condemnation and urged the Ministries of Foreign Affairs and the Interior to clarify the reasons for the expulsion and to guarantee Bini access to the necessary legal mechanisms to challenge the decision and, eventually, return to his home in Ecuador.
Activista sueco es arbitrariamente expulsado del país
El 1 de octubre de 2026, el activista de derechos digitales y director técnico del Centro de Autonomía Digital, Ola Bini, anunció mediante publicaciones en X su detención y expulsión de Ecuador, donde residía desde hacía 13 años. Según Bini, la decisión se fundamentó en un informe reservado que lo calificaba como una “amenaza para la seguridad del Estado”, sin que se le permitiera conocer la evidencia utilizada en su contra. Además, señaló que agentes migratorios no le permitieron acceder oportunamente a sus abogados ni contactar al Consulado Honorario de Suecia en Quito.
La detención y expulsión de Bini demuestran el alto nivel de obstrucción a las garantías de acceso a la justicia, debido proceso, libertad de expresión y participación de actores de la sociedad civil en asuntos de interés público en el país. Asimismo, la falta de acceso oportuno a representación legal y apoyo consular podría profundizar estas restricciones en casos donde se involucre a ciudadanos extranjeros. En conjunto, este caso incrementa las preocupaciones sobre el uso de facultades estatales extraordinarias de seguridad frente a actores de la sociedad civil.
Fundamedios rechazó los hechos y los calificó como un punto de quiebre en la vulneración de garantías democráticas. Por otro lado, Fundación Ciudadanía y Desarrollo se sumó a este rechazo y exhortó a los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior a transparentar los motivos de la expulsión y garantizar a Bini acceso a los mecanismos judiciales necesarios para impugnar la decisión y, eventualmente, regresar a su hogar en Ecuador.