On 19 October 2026, Costa Rica published Executive Decree No. 45962-MSP in La Gaceta, amending a decree from August that had declared a broad range of security-related information a state secret. The reform was signed on 9 October by President Laura Fernández Delgado and Minister of Public Security Gerald Campos Valverde, and took effect on publication. It excludes ordinary public procurement, general budget execution, general expenditure and financial oversight from the scope of state secrecy. Each restriction on access must now pass a test of necessity, suitability and proportionality, based on a real, imminent and direct risk to people’s lives or to police work against crime. The authorities must give this justification to anyone whose request for information is refused. The reform also bars the use of secrecy to withhold information from oversight bodies, including the Legislative Assembly, the courts and the Public Prosecutor’s Office.
The reform amends Executive Decree No. 45870-MSP, signed on 27 July and published on 10 August 2026. That decree declared as state secrets information related to the National Public Security Council, the Directorate of Intelligence and National Security (DIS) and the group known as the “Elite Force”. Its scope covered tactical and operational information, but also contracts, acquisitions, bidding processes, budget items and procurement procedures financed with public funds. The University of Costa Rica’s Freedom of Expression and Right to Information Program questioned the decree’s scope, particularly its inclusion of procurement files, suppliers and contracts, and the absence of an expiry date. By 18 September, the Constitutional Chamber had admitted four actions of unconstitutionality against it, including one filed by 15 legislators. The plaintiffs argue that the decree violates the principles of legality, access to public information, publicity, transparency and accountability. Admitting the actions did not suspend the decree, which remains in force while the Chamber decides the merits.
The reform adds meaningful safeguards, but it amends only Articles 2 and 3 and leaves the general declaration of secrecy in place. Administrative files, offers, awards, contracts and budget items linked to security operations can still be classified. The reform provides for review mechanisms for declassification but sets no time frame for them. The unchanged Article 5 keeps an obligation of confidentiality that continues indefinitely, even after a person’s relationship with the State ends. Concerns therefore persist about the decree’s compatibility with the right of access to public information and the principles of transparency and accountability.
El 19 de octubre de 2026, Costa Rica publicó en «La Gaceta» el Decreto Ejecutivo n.º 45962-MSP, por el que se modificaba un decreto de agosto que había declarado secreto de Estado una amplia gama de información relacionada con la seguridad. La reforma fue firmada el 9 de octubre por la presidenta Laura Fernández Delgado y el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, y entró en vigor tras su publicación. Excluye del ámbito del secreto de Estado la contratación pública ordinaria, la ejecución del presupuesto general, el gasto público general y la supervisión financiera. Cada restricción de acceso debe superar ahora una prueba de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, basada en un riesgo real, inminente y directo para la vida de las personas o para la labor policial contra la delincuencia. Las autoridades deben proporcionar esta justificación a cualquier persona cuya solicitud de información sea denegada. La reforma también prohíbe el uso del secreto para ocultar información a los órganos de control, entre ellos la Asamblea Legislativa, los tribunales y la Fiscalía General.
La reforma modifica el Decreto Ejecutivo n.º 45870-MSP, firmado el 27 de julio y publicado el 10 de agosto de 2026. Dicho decreto declaraba como secretos de Estado la información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el grupo conocido como la «Fuerza de Élite». Su ámbito de aplicación abarcaba la información táctica y operativa, pero también los contratos, las adquisiciones, los procesos de licitación, las partidas presupuestarias y los procedimientos de contratación financiados con fondos públicos. El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica cuestionó el alcance del decreto, en particular la inclusión de expedientes de contratación, proveedores y contratos, así como la ausencia de una fecha de caducidad. A 18 de septiembre, la Sala Constitucional había admitido a trámite cuatro recursos de inconstitucionalidad contra el mismo, incluido uno presentado por 15 legisladores. Los demandantes alegan que el decreto viola los principios de legalidad, acceso a la información pública, publicidad, transparencia y rendición de cuentas. La admisión de los recursos no ha suspendido el decreto, que sigue en vigor mientras la Sala se pronuncia sobre el fondo del asunto.
La reforma añade garantías significativas, pero solo modifica los artículos 2 y 3 y mantiene la declaración general de secreto. Los expedientes administrativos, las licitaciones, las adjudicaciones, los contratos y las partidas presupuestarias relacionadas con operaciones de seguridad pueden seguir siendo clasificados. La reforma establece mecanismos de revisión para la desclasificación, pero no fija ningún plazo para ello. El artículo 5, que no ha sufrido modificaciones, mantiene una obligación de confidencialidad que se prolonga indefinidamente, incluso después de que finalice la relación de una persona con el Estado. Por lo tanto, persisten las preocupaciones sobre la compatibilidad del decreto con el derecho de acceso a la información pública y los principios de transparencia y rendición de cuentas.