On 1 September 2026, the indigenous community leaders María Ovidia Palechor and James Flor were murdered at their home, located in the Las Casitas area of the village of La Pedregosa, in the municipality of Cajibío, Cauca. According to the information available, armed men entered the house in the early hours of the morning and killed them both. To date, the armed perpetrator has not been identified, nor are the motives behind the crime known.
María Ovidia Palechor and James Flor were active members of the Cauca Regional Indigenous Council (CRIC), where they worked on initiatives relating to the promotion of human rights, women’s rights and peace-building. Flor also served as a peasant leader and departmental representative on the Victims’ Participation Committee, where he worked to defend the rights of victims and peasant communities in his region.
According to the CRIC, the couple had already warned of the risks they faced as a result of their community work and had been subjected to intimidation by armed groups operating in the area. In light of this situation, they had asked the Colombian State to take urgent measures to protect their safety.
Asesinato de dos líderes de una comunidad indígena en el Cauca
El 1 de septiembre de 2026, los líderes de la comunidad indígena María Ovidia Palechor y James Flor fueron asesinados en su domicilio, situado en la zona de Las Casitas de la localidad de La Pedregosa, en el municipio de Cajibío, Cauca. Según la información disponible, unos hombres armados entraron en la vivienda a primera hora de la mañana y los mataron a ambos. Hasta la fecha, no se ha identificado al autor armado del crimen, ni se conocen los motivos que lo motivaron.
María Ovidia Palechor y James Flor eran miembros activos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), donde trabajaban en iniciativas relacionadas con la promoción de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la consolidación de la paz. Flor también ejerció como líder campesino y representante departamental en el Comité de Participación de las Víctimas, donde trabajó para defender los derechos de las víctimas y las comunidades campesinas de su región.
Según el CRIC, la pareja ya había advertido de los riesgos a los que se enfrentaban como consecuencia de su labor comunitaria y había sido objeto de intimidación por parte de grupos armados que operan en la zona. Ante esta situación, habían solicitado al Estado colombiano que adoptara medidas urgentes para garantizar su seguridad.