On 6 June 2026, the journalist Cristian Herrera Nariño was murdered in Cúcuta, Norte de Santander; he was known for his investigative reporting on corruption, public order and organised crime in the region. Herrera was a member of the Board of Directors of the Foundation for Press Freedom (FLIP), the organisation’s correspondent in Norte de Santander, and had reported receiving threats against him as a result of his journalistic work. Various social organisations, public institutions such as the Ombudsman’s Office and organisations defending freedom of expression condemned the crime and called on the Attorney General’s Office to conduct a prompt, thorough and independent investigation to identify both the perpetrators and those who ordered the killing.
The murder took place just one month after the murder of journalist Mateo Pérez Rueda in Antioquia, once again highlighting the persistent serious risks faced by regional journalists working in areas affected by violence and the presence of illegal armed groups.
El asesinato del periodista Cristian Herrera pone de manifiesto el deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa
6 de junio de 2026, el periodista Cristian Herrera Nariño fue asesinado en Cúcuta, Norte de Santander; era conocido por sus reportajes de investigación sobre corrupción, orden público y delincuencia organizada en la región. Herrera era miembro de la Junta Directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), corresponsal de la organización en Norte de Santander, y había denunciado haber recibido amenazas como consecuencia de su labor periodística. Diversas organizaciones sociales, instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo y organizaciones que defienden la libertad de expresión condenaron el crimen y pidieron a la Fiscalía General que llevara a cabo una investigación rápida, exhaustiva e independiente para identificar tanto a los autores como a los mandantes del asesinato.
El asesinato tuvo lugar apenas un mes después del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia, lo que pone de relieve, una vez más, los graves riesgos a los que se enfrentan los periodistas regionales que trabajan en zonas afectadas por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales.