On 24 June, two consecutive earthquakes struck Venezuela, triggering a humanitarian crisis due to their devastating impact, particularly in the city of Caracas and the state of La Guaira. In response to the scale and severity of the disaster, the Venezuelan government adopted a centralized and militarized approach to disaster response.
To this end, the government declared a nationwide state of emergency to address the crisis caused by the June 24 earthquakes. Among the measures established in the decree, Article 6 is particularly noteworthy. It grants the Ministry of Interior and Justice the authority to carry out the temporary occupation of public and private institutions and establishments, plots of land, or other areas deemed necessary to assist the affected population, as well as to order the requisition of goods and services considered indispensable for responding to the emergency.
While these powers may appear reasonable given the emergency facing the country, experts and civil society organizations have warned that the declared state of emergency does not constitute a state of exception—the constitutional mechanism that permits the restriction or suspension of constitutional rights and guarantees. Rather, it was issued under the law governing civil protection and disaster management.
Accordingly, the powers set out in Article 6 require the formal declaration of a State of Exception, as provided for under the Constitution and the relevant legislation. Therefore, the inclusion of such powers in this decree is unconstitutional. Furthermore, the decree establishes an “Estado Mayor” (High Command), headed by a “single authority” (autoridad única), reinforcing a centralized, security-oriented approach to managing the emergency response.
The militarization and centralization of the State’s emergency response have a negative impact on the enabling environment for civil society, as they expand government control over the management of the crisis and limit opportunities for civil society participation. In this context, there has been a growing number of reports from human rights defenders and civil society networks alleging harassment of international rescue teams, intimidation of journalists, and obstruction of civil society organizations’ efforts to respond to the emergency facing the country.
Respuesta militarizada al terremoto en Venezuela genera riesgos para el espacio cívico y la acción humanitaria
El pasado 24 de junio, dos sismos consecutivos impactaron Venezuela y han generado una crisis humanitaria por el impacto que ha tenido especialmente en la ciudad de Caracas y el estado La Guaira. Como respuesta a la magnitud y gravedad de esta catástrofe, el Gobierno venezolano ha adoptado una respuesta centraliza y militarizada al desastre.
En este sentido, el gobierno venezolano dictó el estado de emergencia en todo el territorio nacional, con el objetivo de atender la situación de crisis generada por los sismos del 24 de junio. Entre las medidas consagradas en el decreto, destaca el articulo 6, donde se asigna al Ministerio de Interior y Justicia podrá ejecutar las ocupaciones temporales de instituciones y establecimiento público y privados, lotes de terreno o áreas requeridas para la atención de la población afectada, así como ordenar la requisición de bienes y servicios que se consideren indispensables para la atención de la emergencia.
Aunque estas facultades pueden ser lógicas en el contexto de emergencia que atraviesa el país, expertos y organizaciones han advertido el estado de emergencia decretado, no forma parte de los estados de excepción, mecanismos capaces de restringir o limitar derechos y garantías constitucionales, puesto que fue dictado conforme a la ley que rige la protección civil y administración de desastres.
En este orden de ideas, las facultades previstas en el artículo 6 requieren de la declaratoria de un Estado de Excepción, conforme a la constitución y la ley que rige la materia, por lo que la inclusión de este tipo de facultades en este instrumento resulta inconstitucional. Asimismo, a través del mencionado decreto se crea la figura del “estado mayor”, dirigido por una “autoridad única”, lo que confirma un enfoque centralizado y con visión de seguridad para la atención de la emergencia.
La militarización y la centralización de la respuesta del Estado hacia la emergencia, tiene un impacto negativo en el entorno habilitante de sociedad civil, ya que amplica el control estatal sobre la gestión de la emergencia y limita la participación de la sociedad civil. En este sentido, Son cada vez más las denuncias en redes de defensores y derechos humanos de hostigamiento al trabajo de rescatistas internacionales, de periodistas y de obtaculización del trabajo de la sociedad civil en respuesta a la emergencia que atraviesa el país.