On 19 January 2026, the Guatemalan Nominating Commission began its functions to elect Magistrates and Alternate Magistrates of the Supreme Electoral Tribunal for the 2027 general elections. As part of this work, the Commission reviewed files, evaluations and internal votes, culminating in the integration of a list of 20 candidates, which was transferred to the Congress of the Republic on 17 February 2026 for the corresponding final election. The elected magistrates are expected to take office on 20 March 2026.
This process not only defines the composition of the highest authority in electoral matters, but also has a direct impact on the credibility, independence and transparency of future electoral processes. The new magistracy will have the responsibility of organizing, directing and supervising the 2027 general elections, guaranteeing conditions of legality, equity and legal certainty. In a context of fragile institutionality, this appointment is decisive in consolidating citizen confidence and protecting national democratic stability.
However, the process was marked by public questions regarding the transparency and objectivity of the Commission. At certain times, spaces for civil society observation were limited and access to relevant information was not provided, reducing the possibilities for effective participation. As a result, CSOs did not have all the information to effectively evaluate profiles and concerns raised by CSOs against some candidates were not duly considered. The final list includes many people that have been accused of anti-democratic practices and possible links to corruption and impunity. Different social sectors have expressed their rejection and concern about the formation of this list.
The lack of transparency in the process negatively impacts citizen participation as well as public confidence in the selection process and, therefore, in the future composition of the Supreme Electoral Tribunal. If the election falls mostly on profiles questioned for possible links to anti-democratic practices, corruption or impunity, the fragile democratic institutions are further weakened. This could have a negative impact on the credibility of the upcoming general elections in 2027 and on the stability of the electoral political system as a whole.
Civil society organizations have carried out political advocacy actions through public pronouncements in which transparency in the process and the election of suitable, independent magistrates with proven experience and no history of human rights violations have been demanded. These positions have sought to draw attention to the importance of guaranteeing a legitimate process in accordance with democratic principles.
Proceso de Elección de Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo ElectoralEl 19 de enero de 2026, la Comisión de Postulación de Guatemala inició sus funciones para elegir a los magistrados y magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral de cara a las elecciones generales de 2027. Como parte de esta labor, la Comisión examinó expedientes, evaluaciones y votaciones internas, lo que culminó en la elaboración de una lista de 20 candidatos, que fue remitida al Congreso de la República el 17 de febrero de 2026 para la elección final correspondiente. Se espera que los magistrados electos asuman sus cargos el 20 de marzo de 2026.Este proceso no solo define la integración de la máxima autoridad en materia electoral, sino que también tiene un impacto directo en la credibilidad, la independencia y la transparencia de los futuros procesos electorales. La nueva magistratura tendrá la responsabilidad de organizar, dirigir y supervisar las elecciones generales de 2027, garantizando condiciones de legalidad, equidad y seguridad jurídica. En un contexto de institucionalidad frágil, esta designación es decisiva para consolidar la confianza ciudadana y proteger la estabilidad democrática nacional.Sin embargo, el proceso estuvo marcado por cuestionamientos públicos sobre la transparencia y la objetividad de la Comisión. En determinados momentos, los espacios para la observación de la sociedad civil fueron limitados y no se facilitó el acceso a la información pertinente, lo que redujo las posibilidades de una participación efectiva. Como resultado, las OSC no dispusieron de toda la información necesaria para evaluar eficazmente los perfiles, y las preocupaciones planteadas por las OSC respecto a algunos candidatos no fueron debidamente consideradas. La lista definitiva incluye a muchas personas que han sido acusadas de prácticas antidemocráticas y de posibles vínculos con la corrupción y la impunidad. Diversos sectores sociales han expresado su rechazo y su preocupación por la configuración de esta lista.La falta de transparencia en el proceso repercute negativamente en la participación ciudadana, así como en la confianza pública en el proceso de selección y, por lo tanto, en la futura composición del Tribunal Supremo Electoral. Si la elección recae principalmente en perfiles señalados por posibles vínculos con prácticas antidemocráticas, corrupción o impunidad, las frágiles instituciones democráticas se debilitan aún más. Esto podría tener un impacto negativo en la credibilidad de las próximas elecciones generales de 2027 y en la estabilidad del sistema político electoral en su conjunto.Las organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo acciones de incidencia política mediante pronunciamientos públicos en los que han exigido transparencia en el proceso y la elección de magistrados idóneos e independientes, con experiencia comprobada y sin antecedentes de violaciones de derechos humanos. Estos pronunciamientos han buscado llamar la atención sobre la importancia de garantizar un proceso legítimo conforme a los principios democráticos.