Event Summary
The national strike in Ecuador began on 18 September 2025, and remains ongoing. At the same time, a state of emergency is still in force, suspending freedom of assembly in the provinces where the largest mobilizations, usually led by the Indigenous movement, are reported.
On 28 September 2025, amid the national strike called in response to the elimination of the diesel fuel subsidy in Ecuador, the Regional Human Rights Advisory Foundation (INREDH) reported the death of Efraín Fuerez, an Indigenous community member who was killed after being struck by a bullet while participating in a demonstration on the Cotacachi-Otavalo road in Imbabura Province. Subsequent reports indicate that Fuerez was shot three times, one of them in the back. While the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE) held the Armed Forces and President Daniel Noboa responsible for the citizen’s death, the Government and the Army claimed it was the result of an ambush carried out by protesters against military personnel stationed on the Cotacachi-Otavalo road.
From civil society, INREDH demanded an immediate, independent, and transparent investigation, while CONAIE denounced a pattern of repression and called for continued mobilization in response to the Executive’s measures. For the members of the Cuicocha community, the death of Fuerez—recognized as a pillar of his family and his community—has generated outrage and grief, reinforcing feelings of vulnerability and mistrust toward state institutions and the disproportionate interventions of the armed forces in the context of demonstrations. From the National Government, Minister Zaida Rovira maintained a narrative of criminalizing protest, stating that “what happened in Cotacachi was not protest: it was a cowardly ambush carried out by criminal-terrorist structures that attacked our Armed Forces,” and affirmed that these events would not go unpunished.
The cases of disproportionate repression in the context of the September 2025 national strike in Ecuador do not constitute an isolated event, but rather represent the continuation of a pattern of response to social mobilizations. What distinguishes the current scenario is the consolidation of a more forceful government strategy that has been systematically applied during the most recent administration. President Daniel Noboa has institutionalized the recurrent use of states of emergency through successive decrees, including the one issued on September 16 (Executive Decree 134), setting a precedent of permanent militarization for the control of public order. This strategy has been complemented by unprecedented measures such as the freezing of bank accounts of Indigenous organizations and the suspension of community media outlets, creating a scenario in which social protest is confronted through an expanded repertoire of legal and administrative mechanisms that reflect an escalation in the state’s containment of citizen mobilization.
Defensor indígena de la tierra asesinado durante una protesta
Los casos de represión desproporcionada en el contexto del paro nacional de septiembre de 2025 en Ecuador no constituyen un evento aislado, sino que representan la continuación de un patrón de respuesta frente a las movilizaciones sociales. Esta crisis se enmarca en una secuencia recurrente de protestas desencadenadas por decisiones gubernamentales relacionadas con el precio de los combustibles.
El 28 de septiembre de 2025, en medio del paro nacional convocado como resultado de la eliminación del subsidio al combustible diésel en Ecuador, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) reportó la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena quien falleció tras recibir un impacto de bala mientras participaba de una manifestación en la vía Cotacachi-Otavalo, provincia de Imbabura. Reportes posteriores indican que Fuerez recibió tres disparos, uno de ellos por la espalda. Mientras que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) responsabiliza a las Fuerzas Armadas y al presidente Daniel Noboa por la muerte del ciudadano, el Gobierno y el Ejército sostienen que esto fue el resultado de una emboscada que los manifestantes realizaron en contra de militares que se encontraban en la vía Cotacachi-Otavalo.
Desde la sociedad civil, INREDH exigió una investigación inmediata, independiente y transparente, mientras la CONAIE denunció un patrón de represión y llamó a mantener la movilización por las medidas tomadas por el Ejecutivo. Para los miembros de la comunidad de Cuicocha, la muerte de Fuerez, reconocido como pilar de su familia y de su comunidad, ha generado indignación y dolor, reforzando el sentimiento de vulnerabilidad y desconfianza frente a las instituciones del Estado y la desproporción en las intervenciones de las fuerzas armadas en el contexto de las manifestaciones. Por parte del Gobierno Nacional, la ministra Zaida Rovira mantuvo una narrativa de criminalización a la protesta, sosteniendo que “lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas” y señaló que los hechos no quedarán impunes.
Los casos de represión desproporcionada en el contexto del paro nacional de septiembre de 2025 en Ecuador no constituyen un evento aislado, sino que representan la continuación de un patrón de respuesta frente a las movilizaciones sociales. Lo que distingue al escenario actual es la consolidación de una estrategia gubernamental más contundente que se ha venido aplicando sistemáticamente durante el último periodo de Gobierno. El presidente Daniel Noboa ha institucionalizado el uso recurrente de estados de excepción mediante decretos sucesivos a los que se sumó el del 16 de septiembre (Decreto Ejecutivo 134), estableciendo un precedente de militarización permanente para el control del orden público. Esta estrategia se ha complementado con medidas sin precedentes como el bloqueo de cuentas bancarias de organizaciones indígenas y la suspensión de medios comunitarios, configurando un escenario donde la protesta social es enfrentada mediante un repertorio ampliado de mecanismos legales y administrativos que reflejan una escalada en la contención estatal de la movilización ciudadana.