Event Summary
In its 2026 budget proposal, the national government of Colombia seeks implement a 3% reduction in funding for the Ombudsman’s Office, the institution responsible for defending human rights across the country. This decision comes at a time when Colombia is facing an intensification of armed conflict, particularly in vulnerable territories where the Ombudsman’s Office plays a critical role in monitoring abuses, protecting civilians, and advocating for justice. While the government cites a broader budget crisis as justification for the cuts, international organizations such as Human Rights Watch have warned against defunding key institutions that help prevent violence and uphold human rights. The proposed reduction threatens to weaken the operational capacity of the Ombudsman’s Office, undermining its ability to respond to ongoing threats and support communities affected by conflict. This move signals a looming deterioration in the enabling environment for civil society, as it risks silencing one of the few institutional voices capable of denouncing abuses and defending social leaders, many of whom continue to be targeted and killed. The international community should closely monitor this development and advocate for the protection of human rights infrastructure in Colombia.
Gobierno nacional de Colombia propone recortar recursos a la Defensoría
El gobierno nacional de Colombia ha presentado su propuesta de presupuesto para el año 2026. Dentro de una alerta destacada, se encontró que busca reducir el presupuesto de la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de la defensa de los derechos humanos en el país, en un 3%, lo cual tendría un fuerte impacto en la capacidad de operación de la entidad, en el marco de un momento en el cual el conflicto armado se ha recrudecido en el país y amenaza la vida y los derechos de las personas, especialmente en los territorios más vulnerables.
Colombia viene enfrentando una crisis presupuestal que el gobierno se encuentra tratando de abordar. Sin embargo, organizaciones internacionales como Human Rights Watch han realizado un llamado a no desfinanciar actores claves que como la Defensoría contribuyen a la prevención de la violencia.
Esta es una alerta que amerita seguimiento y acompañamiento de la comunidad internacional, para prevenir este recorte y sus posibles impactos sobre los derechos humanos. El impacto sobre el entorno habilitante puede ser importante, ya que ante el continuo asesinato de líderes sociales y violencia generalizada en algunos territorios del país, la Defensoría juega un rol clave en su prevención y denuncia.