Global Witness published its annual report on 16 September 2026 on land and environmental defenders, which reported that 39 people were murdered in Colombia in 2025, accounting for nearly a third of the 124 murders recorded worldwide and making Colombia, for the fourth consecutive year, as the country with the highest number of documented cases. Almost half of the victims were indigenous people; a further 15 were smallholders. Furthermore, 35 of the 39 murders were linked to land disputes.
In the department of Putumayo, Global Witness documented three human rights defenders murdered in 2025. According to La Silla Vacía, the information compiled relates to the defenders Leonairo Samir Montero Paz, indigenous governor of the Kwe’sx Tata Wala community, Juan Carlo Rodríguez community leader, farmer, treasurer of the Community Action Board (JAC) and representative of chontaduro growers, Angel Vallejo, President of the JAC for the hamlet of Palmar del Picudito in the Arizona district, and Wilmer Solarte Pasca, an indigenous member of the Awá people. The incidents occurred in areas where armed groups are present; these figures relate to cases that could be verified and therefore do not represent the total number of potential victims
The report warns that in the department of Putumayo, illicit economic activities such as illegal mining and coca cultivation are causing forest degradation, alongside the presence of armed groups and territorial disputes.
Por cuarto año consecutivo, Colombia es el país más peligroso para los activistas medioambientales
Global Witness publicó su informe anual el 16 de septiembre de 2026 sobre los defensores de la tierra y el medio ambiente, en el que se indicaba que en 2025 fueron asesinadas 39 personas en Colombia, lo que supone casi un tercio de los 124 asesinatos registrados en todo el mundo y convierte a Colombia, por cuarto año consecutivo, en el país con el mayor número de casos documentados. Casi la mitad de las víctimas eran pueblos indígenas; otras 15 eran pequeños agricultores. Además, 35 de los 39 asesinatos estaban relacionados con conflictos por la tierra.
En el departamento de Putumayo, Global Witness documentó tres defensores de los derechos humanos asesinados en 2025. Según La Silla Vacía, la información recopilada se refiere a los defensores Leonairo Samir Montero Paz, gobernador indígena de la comunidad Kwe’sx Tata Wala; Juan Carlo Rodríguez, líder comunitario, agricultor, tesorero de la Junta de Acción Comunitaria (JAC) y representante de los productores de chontaduro; Ángel Vallejo, presidente de la JAC de la aldea de Palmar del Picudito, en el distrito de Arizona, y Wilmer Solarte Pasca, miembro indígena del pueblo Awá. Los hechos tuvieron lugar en zonas donde hay presencia de grupos armados; estas cifras corresponden a los casos que se han podido verificar y, por lo tanto, no representan el número total de posibles víctimas
El informe advierte de que, en el departamento de Putumayo, las actividades económicas ilícitas, como la minería ilegal y el cultivo de coca, están provocando la degradación forestal, junto con la presencia de grupos armados y los conflictos territoriales.