On 7 August 2026, relatives of Judge María Lourdes Afiuni reported that they had received a judicial notification granting her full freedom due to the expiration of her sentence, the termination of her criminal liability, and the definitive closure of the judicial proceedings against her after 16 years.
Judge Afiuni was detained without a judicial warrant on 10 December 2009, in retaliation for granting bail to businessman Eligio Cedeño. His detention had been deemed arbitrary at the time by the United Nations Working Group on Arbitrary Detention.
Following her arrest, then-President Hugo Chávez publicly called for her prosecution and a 30-year prison sentence—the maximum penalty established by the Venezuelan Constitution—while also accusing her of corruption. Judge Afiuni’s case is illustrative of the lack of judicial independence in Venezuela and the use of the judiciary as a tool of repression.
During her time in detention, there were numerous reports concerning the inhumane conditions of her imprisonment and torture. Judge Afiuni herself later revealed that she had been subjected to sexual violence. The sexual abuse she suffered resulted in a forced pregnancy, which ended in a miscarriage.
Her detention was deemed arbitrary by the United Nations Working Group on Arbitrary Detention, which called on the Venezuelan State to release her immediately in October 2010. Likewise, national and international organisations spoke out against the abuses and violations she endured throughout the proceedings.
Cierre del caso Afiuni pone fin a 16 años de restricciones y persecución judicial
El pasado 7 de agosto de 2026, familiares de la jueza María Lourdes Afiuni informaron que recibieron la notificación judicial donde se otorga la libertad plena por extensión de la pena, la extensión de la responsabilidad penal y el cierre definitivo de la causa judicial en su contra luego de 16 años.
La jueza Afiuni fue detenida sin orden judicial el 10 de diciembre de 2009, como represalia en contra de la medida cautelar de libertad bajo fianza otorgada por ella en favor del empresario Eligio Cedeño, cuya detención fue calificada en su momento como arbitraria por el Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.
Luego de su detención, el entonces presidente Hugo Chávez, solicitó en televisión su procesamiento y condena a 30 años de prisión, la pena máxima establecida por la Constitución Venezolana, acusándola igualmente de corrupción. El caso de la Jueza Afiuni es una muestra de la falta de independencia del poder judicial y su uso como herramienta de represión.
Durante su tiempo en prisión, fueron numerosas las denuncias sobre las condiciones inhumanas de su detención, torturas e incluso la propia Jueza Afiuni reveló que fue víctima de violencia sexual, incluso los abusos sexuales de los que fue víctima, provocaron un embarazo forzado que fue interrumpido por un aborto espontaneo.
Su detención fue calificada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria y solicitó al Estado Venezolano su liberación inmediata en octubre de 2010. De la misma forma, organizaciones nacionales e internacionales han alzado la voz denunciando las arbitrariedades que sufrió durante todo el proceso.