Event Summary
On 5 March 2026, the Constitutional Court of Ecuador (CCE) issued judgment 1732-25-EP/26, accepting an extraordinary protection action filed against a ruling that had denied a habeas corpus petition on behalf of four minors who disappeared in 2024 at the hands of the Armed Forces. Through this decision, the Court determined that the minors were victims of enforced disappearance committed by the State. Specifically, it found that the children were illegally and arbitrarily detained, that the Ecuadorian State denied providing information about their detention, and that the information later provided to the courts and to the victims’ families was filled with irregularities and inconsistencies.
This ruling was the result of pressure and support provided by the Permanent Committee for the Defense of Human Rights, a civil society organization that has provided legal and psychological accompaniment to the families of the disappeared minors since the beginning of the case. The decision marks an important step toward uncovering the truth surrounding the case and achieving justice, while also highlighting the work carried out by civil society in the context of abuses of power and the militarization of public security in Ecuador.
There have not yet been reactions from other civil society actors regarding the ruling. However, Enrique Herrería, Legal Secretary of the Presidency of the Republic, expressed his dissatisfaction with the actions of the Constitutional Court, arguing that the institution had overstepped its authority.
Sociedad civil consigue responsabilizar al Estado ecuatoriano de cometer desaparición forzada contra menores de edadEl 5 de marzo de 2026, la Corte Constitucional del Ecuador (CCE) emitió la sentencia 1732-25-EP/26 aceptando una acción extraordinaria de protección presentada contra una sentencia que negó una acción de hábeas corpus a favor de cuatro menores de edad desaparecidos en 2024 en manos de las Fuerzas Armadas. A través de este dictamen, se determinó que los menores fueron víctimas de desaparición forzada a manos del Estado. Específicamente, se argumentó que los niños fueron detenidos ilegal y arbitrariamente, que el Estado ecuatoriano negó brindar información sobre su detención, y que la información provista posteriormente a la justicia y las familias de las víctimas estuvo llena de irregularidades e inconsistencias.Esta sentencia fue resultado de la presión y apoyo brindado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, una organización de la sociedad civil que ha dado acompañamiento jurídico y psicológico a las familias de los menores desaparecidos desde el inicio del caso. Esto marca un importante avance hacia el esclarecimiento de la verdad alrededor de este caso, la obtención de justicia y pone en evidencia el trabajo realizado desde sociedad civil en el contexto de los abusos de poder y la militarización de la seguridad pública en el Ecuador.Aún no han existido reacciones por parte de otros actores de sociedad civil sobre la sentencia. Sin embargo, Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia de la República, expresó su inconformidad con el accionar de la Corte Constitucional argumentando que la institución extralimitó sus competencias.