During the official events held on 14 September in Cartago’s Plaza Mayor, allegations emerged of restrictions on freedom of movement and access to public spaces, interventions against journalists, transfers of citizens in police patrol cars, and checks targeting people carrying banners or expressing critical messages.
Between 14 and 16 September, six legal petitions—four writs of amparo and two habeas corpus petitions—were filed with Costa Rica’s Constitutional Chamber, primarily against the Ministry of Public Security and, in some cases, the Ministry of the Presidency and the Municipality of Cartago. The appellants alleged, among other things, selective restrictions on access to public spaces, identification checks, barring entry to individuals affiliated with labor unions, interventions against people carrying critical messages, and the removal of journalists covering the events. One of the appeals was filed specifically for alleged harm to journalists from La Nación and Semanario Universidad.
The appeals still under review by the Constitutional Chamber, these situations. However, the reported incidents raise concerns about the exercise of freedom of movement, access to public spaces, freedom of expression, and media freedom during official public events. While security measures may be legitimate, their implementation should comply with the principles of legality, necessity, proportionality, and non-discrimination.
The case warrants monitoring because the alleged targeting of individuals based on their organisational affiliations, journalistic activities, or critical messages could discourage citizens, trade unions, journalists, and civil society organisations from participating in public events and expressing dissenting views.
Durante los actos oficiales celebrados el 14 de septiembre en la Plaza Mayor de Cartago, surgieron denuncias sobre restricciones a la libertad de circulación y al acceso a los espacios públicos, intervenciones contra periodistas, traslados de ciudadanos en coches patrulla de la policía y controles dirigidos a personas que portaban pancartas o expresaban mensajes críticos.
Entre el 14 y el 16 de septiembre se presentaron seis recursos judiciales —cuatro recursos de amparo y dos de hábeas corpus— ante la Sala Constitucional de Costa Rica, dirigidos principalmente contra el Ministerio de Seguridad Pública y, en algunos casos, contra el Ministerio de la Presidencia y el Ayuntamiento de Cartago. Los recurrentes alegaron, entre otras cosas, restricciones selectivas al acceso a los espacios públicos, controles de identidad, la prohibición de entrada a personas afiliadas a sindicatos, intervenciones contra personas que portaban mensajes críticos y la expulsión de periodistas que cubrían los acontecimientos. Uno de los recursos se presentó específicamente por presuntos perjuicios causados a periodistas de La Nación y Semanario Universidad.
Las apelaciones siguen siendo examinadas por la Sala Constitucional, que debe pronunciarse sobre estas situaciones. No obstante, los incidentes denunciados suscitan preocupación en cuanto al ejercicio de la libertad de circulación, el acceso a los espacios públicos, la libertad de expresión y la libertad de prensa durante los actos públicos oficiales. Si bien las medidas de seguridad pueden ser legítimas, su aplicación debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
El caso merece un seguimiento, ya que la supuesta persecución de personas por su afiliación a determinadas organizaciones, sus actividades periodísticas o sus mensajes críticos podría disuadir a los ciudadanos, los sindicatos, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil de participar en actos públicos y de expresar opiniones discrepantes.