On 15 October 2026, a group of 42 environmental, community, and social organizations, collectives, and university programs denounced threats and harassment against Ricardo Muñoz , a defender of the Coris-Bermejo wetland, located in Cartago. Among the organizations that signed the statement are Apreflofas, the Costa Rican Federation for Environmental Conservation (FECON), Bloque Verde, Alianza Escazú Costa Rica, the Costa Rican Ornithological Association, the Coris Integral Development Association, and various community and university groups. These groups requested protection for environmental defenders, attention to reports of intimidation, and compliance with environmental legislation. In their statement, the organisations requested protective measures for Muñoz and other environmental defenders, as well as an institutional response to the risks they denounced as being faced by those involved in the defense of ecosystems.
Since 2024, Muñoz has been involved in documenting the wetland’s biodiversity and reporting potential environmental impacts related to earthmoving, waste disposal, and industrial projects. On 5 October 2026, the environmentalist publicly stated that he had received at least three threats related to his reporting activities, including death threats. He also noted that these situations had hindered his access to certain areas and caused some of his former collaborators to distance themselves for fear of reprisals. The environmentalist reported that he was under the protection of the Office for Attention and Protection of Victims of Crime of the Judiciary and that he was receiving support from an international human rights organization. For its part, the Association for the Preservation of Wild Flora and Fauna (Apreflofas) reported his situation to the Regional Office for Central America of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other international organizations.
The complaint comes amid questions surrounding the environmental permits and conservation measures for the wetland. In May 2024, the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) granted environmental viability through Resolution No. 0779-2024-SETENA, a decision challenged by Apreflofas due to alleged deficiencies in the biodiversity assessment. Subsequently, the National System of Conservation Areas (SINAC) identified at least 130 hectares of wetland in Coris, while environmental organizations reported the presence of more than 120 resident and migratory bird species between 2024 and 2025.
The conflict has also led to legal proceedings. The Deputy Agrarian-Environmental Prosecutor’s Office has opened case No. 24-000030-0611-PE, related to alleged crimes of draining, filling, drying, or eliminating wetlands. On February 17, 2026, the Public Prosecutor’s Office carried out raids in the area. Furthermore, through ruling No. 2026-23507, dated June 26, 2026, the Constitutional Chamber partially granted an appeal for protection of constitutional rights and ordered SETENA (the National Environmental Technical Secretariat) to exercise its powers to guarantee the environmental integrity of the wetland.
The reported threats against Muñoz raise concerns about the security conditions necessary for environmental defenders to report potential irregularities, disseminate information, and participate in citizen oversight activities without fear of reprisal. It is important to note that the threats were publicly denounced by Muñoz and supported by the signatory organizations, but the sources consulted do not identify those allegedly responsible nor allow for the judicial establishment of authorship of the acts.
El 15 de octubre de 2026, un grupo de 42 organizaciones medioambientales, comunitarias y sociales, colectivos y programas universitarios denunciaron las amenazas y el acoso contra Ricardo Muñoz, defensor del humedal Coris-Bermejo, situado en Cartago. Entre las organizaciones que firmaron el comunicado se encuentran Apreflofas, la Federación Costarricense para la Conservación del Medio Ambiente (FECON), Bloque Verde, Alianza Escazú Costa Rica, la Asociación Ornitológica Costarricense, la Asociación para el Desarrollo Integral de Coris y diversos grupos comunitarios y universitarios. Estos grupos solicitaron protección para los defensores del medio ambiente, que se prestara atención a las denuncias de intimidación y que se cumpliera la legislación medioambiental. En su comunicado, las organizaciones solicitaron medidas de protección para Muñoz y otros defensores del medio ambiente, así como una respuesta institucional ante los riesgos que, según denunciaron, corren quienes participan en la defensa de los ecosistemas.
Desde 2024, Muñoz se ha dedicado a documentar la biodiversidad del humedal y a denunciar posibles impactos medioambientales relacionados con movimientos de tierra, vertidos de residuos y proyectos industriales. El 5 de octubre de 2026, el ecologista declaró públicamente que había recibido al menos tres amenazas relacionadas con sus actividades de denuncia, incluidas amenazas de muerte. También señaló que estas situaciones habían dificultado su acceso a determinadas zonas y habían provocado que algunos de sus antiguos colaboradores se distanciaran por temor a represalias. El ecologista informó de que se encontraba bajo la protección de la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas de Delitos del Poder Judicial y que recibía apoyo de una organización internacional de derechos humanos. Por su parte, la Asociación para la Preservación de la Flora y la Fauna Silvestres (Apreflofas) denunció su situación ante la Oficina Regional para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales.
La denuncia se produce en medio de las dudas que rodean a los permisos medioambientales y las medidas de conservación del humedal. En mayo de 2024, la Secretaría Técnica Nacional del Medio Ambiente (SETENA) concedió la viabilidad ambiental mediante la Resolución n.º 0779-2024-SETENA, una decisión impugnada por Apreflofas debido a supuestas deficiencias en la evaluación de la biodiversidad. Posteriormente, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) identificó al menos 130 hectáreas de humedal en Coris, mientras que las organizaciones medioambientales informaron de la presencia de más de 120 especies de aves residentes y migratorias entre 2024 y 2025.
El conflicto también ha dado lugar a procedimientos judiciales. La Fiscalía Adjunta Agraria y Ambiental ha abierto el expediente n.º 24-000030-0611-PE, relacionado con presuntos delitos de desecación, relleno, secado o eliminación de humedales. El 17 de febrero de 2026, la Fiscalía General llevó a cabo redadas en la zona. Además, mediante el auto n.º 2026-23507, de fecha 26 de junio de 2026, la Sala Constitucional estimó parcialmente un recurso de amparo y ordenó a la SETENA (Secretaría Técnica Nacional del Medio Ambiente) que ejerciera sus competencias para garantizar la integridad ambiental del humedal.
Las amenazas denunciadas contra Muñoz suscitan preocupación sobre las condiciones de seguridad necesarias para que los defensores del medio ambiente puedan denunciar posibles irregularidades, difundir información y participar en actividades de control ciudadano sin temor a represalias. Es importante señalar que las amenazas fueron denunciadas públicamente por Muñoz y respaldadas por las organizaciones firmantes, pero las fuentes consultadas no identifican a los presuntos responsables ni permiten establecer judicialmente la autoría de los hechos.