On 8 September 2026, the Constitutional Chamber granted a habeas corpus petition filed regarding the detention of two students who displayed a Palestinian flag during the presidential inauguration ceremony held on 8 May 2026 at the National Stadium. The court concluded that the actions of the security forces were arbitrary and disproportionate, constituting an illegitimate restriction on freedom of expression. It also determined that the students’ personal liberty and right to equality had been violated. The ruling ordered the authorities to refrain from repeating the actions that led to the ruling and established compensation provisions.
The court found no evidence that the detainees had used violence, threatened others, or caused a disturbance of the peace that would justify their arrest. It considered it legitimate for the authorities to establish general security measures for an event of this nature, including restrictions on the entry of certain objects. However, it determined that the practical application of these rules was unequal, since during the event other people displayed foreign symbols or flags without receiving the same treatment.
The decision establishes a significant precedent regarding the limits that authorities must observe when applying security measures to symbolic expressions during public events.
El 8 de septiembre de 2026, la Sala Constitucional estimó un recurso de hábeas corpus presentado en relación con la detención de dos estudiantes que exhibieron una bandera palestina durante la ceremonia de toma de posesión presidencial celebrada el 8 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional. El tribunal concluyó que las actuaciones de las fuerzas de seguridad fueron arbitrarias y desproporcionadas, lo que constituía una restricción ilegítima de la libertad de expresión. Asimismo, determinó que se habían vulnerado la libertad personal y el derecho a la igualdad de los estudiantes. La sentencia ordenó a las autoridades que se abstuvieran de repetir las acciones que dieron lugar a la resolución y estableció disposiciones en materia de indemnización.
El tribunal no encontró pruebas de que los detenidos hubieran recurrido a la violencia, amenazado a otras personas o alterado el orden público de forma que justificara su detención. Consideró legítimo que las autoridades establecieran medidas generales de seguridad para un acto de esta naturaleza, incluidas restricciones a la entrada de determinados objetos. Sin embargo, determinó que la aplicación práctica de estas normas fue desigual, ya que durante el acto otras personas exhibieron símbolos o banderas extranjeras sin recibir el mismo trato.
La resolución sienta un precedente significativo en cuanto a los límites que deben respetar las autoridades al aplicar medidas de seguridad a expresiones simbólicas durante actos públicos.