On 5 October 2026, the Costa Rica Íntegra Association, the national chapter of Transparency International; the Citizen Center for Studies for an Open Society Association (Accesa); and the Sulá Batsú Cooperative denounced a sustained weakening of the Open Government agenda in Costa Rica. The statement, issued within the framework of the fifteenth anniversary of the Open Government Partnership (OGP), pointed to institutional shortcomings and delays that affect mechanisms for citizen participation, transparency, and accountability.
The organizations warned that the National Commission for an Open Government (CNEA) and the National Open Data Commission (CNDA) have met sporadically for approximately five years. They also noted that since the reform published on June 2, 2026, which transferred the presidency and coordination of both commissions to the Ministry of National Planning and Economic Policy (Mideplan), no new sessions have been convened. This situation has hindered the monitoring of the commitments of the Fifth Open Government Action Plan 2023-2027, including the preparation of the mid-term report and the implementation of the corresponding public consultation.
The statement also questioned the delays in implementing the National Strategy for Integrity and Corruption Prevention, the lack of calls to its civil society support group, and the paralysis of the Institutional Commission for Open Parliament (CIPA), whose swearing-in of members had been postponed, limiting progress in the Open Parliament Policy.
Another complaint concerned the lack of regulations for the Framework Law on Access to Public Information, Law No. 10554, in effect since November 2024. The legal deadline for issuing the regulations expired on May 1, 2025. In ruling No. 2026-011637, dated March 27, 2026, the Constitutional Chamber ordered the Executive Branch to comply with this obligation. Subsequently, the Presidency requested extensions of the deadline, while the regulations remained pending at the time of the complaint.
On October 8, 2026, Mideplan publicly responded that, since June, it had been carrying out technical and regulatory review work to strengthen the Open Government agenda. It indicated that it was holding talks with the OGP and working on opening a dialogue with the member organizations of the CNEA. However, the official statement did not announce a specific date for resuming the commission’s sessions.
El 5 de octubre de 2026, la Asociación Costa Rica Íntegra, la sección nacional de Transparency International; la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (Accesa); y la Cooperativa Sulá Batsú denunciaron un debilitamiento constante de la agenda del Gobierno Abierto en Costa Rica. La declaración, emitida en el marco del decimoquinto aniversario de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), señalaba deficiencias institucionales y retrasos que afectan a los mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
Las organizaciones advirtieron de que la Comisión Nacional para un Gobierno Abierto (CNEA) y la Comisión Nacional de Datos Abiertos (CNDA) se han reunido de forma esporádica durante aproximadamente cinco años. Asimismo, señalaron que, desde la reforma publicada el 2 de junio de 2026, que transfirió la presidencia y la coordinación de ambas comisiones al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), no se han convocado nuevas sesiones. Esta situación ha dificultado el seguimiento de los compromisos del Quinto Plan de Acción para el Gobierno Abierto 2023-2027, incluida la elaboración del informe de mitad de período y la realización de la correspondiente consulta pública.
La declaración también cuestionó los retrasos en la aplicación de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, la falta de convocatorias a su grupo de apoyo de la sociedad civil y la parálisis de la Comisión Institucional para un Parlamento Abierto (CIPA), cuya toma de posesión de los miembros se había pospuesto, lo que limitó los avances en la Política de Parlamento Abierto.
Otra de las denuncias se refería a la falta de reglamentos para la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, Ley n.º 10554, en vigor desde noviembre de 2024. El plazo legal para la promulgación de los reglamentos expiró el 1 de mayo de 2025. En la resolución n.º 2026-011637, de 27 de marzo de 2026, la Sala Constitucional ordenó al Poder Ejecutivo que cumpliera con esta obligación. Posteriormente, la Presidencia solicitó prórrogas del plazo, mientras que, en el momento de presentarse la denuncia, el reglamento seguía pendiente.
El 8 de octubre de 2026, Mideplan respondió públicamente que, desde junio, había estado llevando a cabo una labor de revisión técnica y normativa para reforzar la agenda de Gobierno Abierto. Indicó que mantenía conversaciones con la OGP y que estaba trabajando para entablar un diálogo con las organizaciones miembros de la CNEA. Sin embargo, el comunicado oficial no anunció una fecha concreta para la reanudación de las sesiones de la comisión.