Between 18 and 28 August 2026, the United Nations Working Group on Business and Human Rights conducted its first official visit to Guatemala to assess the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. During the mission, it met with government authorities, businesses, civil society organisations, Indigenous Peoples, human rights defenders, journalists, workers and legal professionals.
At the end of the visit, the Working Group presented preliminary observations highlighting gaps in legislation and its implementation, institutional limitations, and concerns about the independence and effectiveness of the justice system. In particular, it described the widespread criminalisation of human rights defenders as “alarming” and expressed concern over the use of the justice system to silence dissent.
The Working Group also acknowledged progress, including the Public Policy for the Protection of Human Rights Defenders and new mechanisms for dialogue with Indigenous Peoples, while noting that structural challenges persist. Its findings reinforce concerns about the conditions in which human rights defenders and civil society organisations carry out their work, particularly the risk of criminalisation and reprisals for defending rights, speaking out and participating in public affairs.
ONU alerta sobre criminalización generalizada de personas defensoras de derechos humanos en Guatemala
Entre el 18 y el 28 de agosto de 2026, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos realizó su primera visita oficial a Guatemala para evaluar la aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Durante la misión, se reunió con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas trabajadoras y profesionales del derecho.
Al concluir la visita, el Grupo de Trabajo presentó observaciones preliminares en las que señaló brechas en la legislación y su aplicación, limitaciones institucionales y problemas relacionados con la independencia y eficacia del sistema de justicia. En particular, calificó como “alarmante” la criminalización generalizada de personas defensoras de derechos humanos y expresó preocupación por el uso del sistema judicial para silenciar la disidencia.
El Grupo de Trabajo también reconoció avances, entre ellos la Política Pública de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y nuevos mecanismos de diálogo con pueblos indígenas, aunque señaló que persisten problemas estructurales. Sus conclusiones refuerzan las preocupaciones sobre las condiciones en las que personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil desarrollan su labor, particularmente ante el riesgo de criminalización y represalias por actividades de defensa, denuncia y participación pública.