Former president Gustavo Petro developed the political and social movement Petrismo in which supporters or this movement where named Petrismos. Valledupar councillor Oswaldo Díaz Ortiz was the subject of a disciplinary investigation by the Attorney General’s Office after a video was circulated on 19 August 2026 in which he appears carrying a firearm and stating that “any Petrista will get a bullet”. The recording, lasting approximately 15 seconds, sparked public outrage due to the nature of the threat and the fact that it came from an elected official.
In response, the Attorney General’s Office launched disciplinary proceedings, which include a technical analysis of the video to establish its authenticity and integrity. The case has reignited the debate on the responsibility of public officials regarding statements that may incite political violence and the stigmatisation of certain social groups.
Although the investigation is ongoing, this incident highlights how public statements of an intimidating nature made by the authorities can contribute to normalising hostile rhetoric towards individuals and organisations associated with a particular political movement.
Amenaza armada de un concejal de Valledupar contra simpatizantes del petrismo profundiza discursos de estigmatización política
El expresidente Gustavo Petro impulsó el movimiento político y social conocido como «Petrismo», cuyos seguidores se denominaban «petristas». El concejal de Valledupar Oswaldo Díaz Ortiz fue objeto de una investigación disciplinaria por parte de la Fiscalía General tras la difusión, el 19 de agosto de 2026, de un vídeo en el que aparece portando un arma de fuego y afirmando que «cualquier petrista se llevará una bala». La grabación, de unos 15 segundos de duración, provocó la indignación pública debido a la naturaleza de la amenaza y al hecho de que procediera de un cargo electo.
En respuesta a ello, la Fiscalía General ha iniciado un procedimiento disciplinario, que incluye un análisis técnico del vídeo para determinar su autenticidad e integridad. El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en relación con las declaraciones que puedan incitar a la violencia política y a la estigmatización de determinados grupos sociales.
Aunque la investigación sigue en curso, este incidente pone de manifiesto cómo las declaraciones públicas de carácter intimidatorio realizadas por las autoridades pueden contribuir a normalizar la retórica hostil hacia personas y organizaciones vinculadas a un movimiento político concreto.