On 4 August 2026, it was reported that the Constitutional Chamber upheld a writ of amparo (a constitutional protection action) against the Ministry of Finance for failing to fulfill its duty to provide a clear, complete, and legally sufficient response to a citizen’s request regarding the potential use of technologies developed by the Israeli Mossad to combat tax evasion and smuggling. The request sought information on, among other things, the legal framework for these tools, their possible use for mass data processing and profiling, safeguards against cyber espionage, auditing mechanisms, and the protection of personal data.
The Ministry of Finance initially failed to respond within the allotted timeframe and, after being notified of the appeal for constitutional protection, provided a response that the Constitutional Chamber deemed generic, as it did not address the inquiries individually nor justify why certain questions could not be answered. The Court considered that the rights established in Articles 27 and 30 of the Political Constitution had been violated and ordered a comprehensive response within ten business days.
While the Ministry of Finance is the institution directly involved, the implications also extend to other entities responsible for data protection, digital governance, cybersecurity and institutional control, as well as civil society organizations working on transparency, privacy, digital rights and accountability.
El 4 de agosto de 2026, se informó de que la Sala Constitucional estimó un recurso de amparo (una acción de protección constitucional) contra el Ministerio de Hacienda por no haber cumplido con su obligación de dar una respuesta clara, completa y jurídicamente suficiente a la solicitud de un ciudadano sobre el posible uso de tecnologías desarrolladas por el Mossad israelí para combatir la evasión fiscal y el contrabando. La solicitud pretendía obtener información, entre otras cosas, sobre el marco jurídico de estas herramientas, su posible uso para el tratamiento masivo de datos y la elaboración de perfiles, las garantías contra el ciberespionaje, los mecanismos de auditoría y la protección de los datos personales.
El Ministerio de Hacienda no respondió inicialmente dentro del plazo establecido y, tras ser notificado del recurso de amparo constitucional, proporcionó una respuesta que la Sala Constitucional consideró genérica, ya que no abordaba las consultas de forma individual ni justificaba por qué no se podían responder determinadas preguntas. El Tribunal consideró que se habían vulnerado los derechos establecidos en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política y ordenó una respuesta exhaustiva en un plazo de diez días hábiles.
Si bien el Ministerio de Hacienda es la institución directamente implicada, las implicaciones se extienden también a otras entidades responsables de la protección de datos, la gobernanza digital, la ciberseguridad y el control institucional, así como a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia de transparencia, privacidad, derechos digitales y rendición de cuentas.