On 30 June 2026, the freedom of expression advocacy organization Fundamedios made public information regarding threats that journalist Gonzalo Piña allegedly received from individuals close to National Assembly member Jorge Guevara, a member of the governing party’s legislative bloc. According to Piña’s testimony, the threats began after he published an investigation into an insolvency proceeding that the legislator was reportedly facing.
On 24 June, the journalist received an anonymous phone call in which he was threatened with physical violence for carrying out his work. The following day, Assembly member Guevara himself contacted him via message, describing the report as an attack and claiming that the judicial proceeding had already been dismissed. Piña stated that his investigation was based on publicly available information and that the electronic system of the Judicial Branch contained no record indicating that the case had been closed.
Two months earlier, another journalist reported a similarly aggressive attitude by the same assembly member on social media, suggesting a possible pattern of obstruction of freedom of expression and press freedom, particularly against journalists who scrutinize the work of the National Assembly.
Fundamedios and the Fundación Ciudadanía y Desarrollo publicly condemned these incidents and urged the competent authorities to investigate the source of the threats, while also calling on elected officials to respect journalistic work and public oversight.
Asambleísta amenaza a periodista por publicar una investigación sobre su patrimonio
El 30 de junio de 2026, la organización de defensa y promoción de la libertad de expresión Fundamedios hizo pública información sobre amenazas que el periodista Gonzalo Piña habría recibido por parte del entorno del asambleísta nacional Jorge Guevara, integrante de la bancada de gobierno. Según el testimonio de Piña, las amenazas comenzaron tras la publicación de una investigación de su autoría sobre un proceso de insolvencia económica que el legislador estaría enfrentando. El 24 de junio, el periodista recibió una llamada anónima en la que fue amenazado con agresiones físicas por realizar su trabajo. Al día siguiente, el propio asambleísta Guevara lo contactó por mensaje, calificando el reportaje como un ataque y afirmando que el proceso judicial ya había sido archivado. Piña afirmó que la investigación se basó en información pública, y que en el sistema electrónico de la Función Judicial no constaba el archivo de la causa.
Dos meses antes, otra periodista denunció en redes sociales una actitud agresiva similar por parte del mismo asambleísta, lo que sugiere un posible patrón de obstaculización del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, particularmente contra periodistas que fiscalizan la labor de la Asamblea Nacional.
Fundamedios y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo rechazaron públicamente estos hechos e instaron a las autoridades competentes a investigar la autoría de las amenazas, así como a los funcionarios electos a respetar el ejercicio periodístico y la fiscalización ciudadana.