On 25 February 2026, the Committee on the Eradication of Discrimination against Women and Girls (CEDAW) made observations to the Argentine government regarding restrictions and violations of the rights of women and diverse identities. The observations responded to issue raised by more than 10 coalitions and civil society organizations, including Amnesty International and Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), through detailed Shadow Reports presented to the CEDAW Committee during the consideration of Argentina’s eighth periodic report. PAMPA 2030 and Red Encuentro also shared their alternative report during this session.
CEDAW’s observations highlight concerns about access to justice for human rights and feminist organizations, the degradation of institutions aimed at combating hate speech and gender violence, and the negative impact of the labor reform and the paradigm shift in reproductive health. Specifically, they note concern about 81 Access to Justice Centers closed through resolution No. 178/2024 disproportionately affecting rural women, women living in poverty, and women facing intersectional forms of discrimination, about amendments to Law No. 25,871 weakening protections of migrants thereby limiting access to justice for migrant women and increasing their vulnerability to exploitation, and about the draft Labor Modernization Law which deregulates work without an analysis of the impact of women. These developments occurred in addition to a wide range of legislative restrictions of women’s rights such as the elimination of the Ministry of Women, Gender, and Diversity, the prohibition of the use of inclusive language, and significant budget cuts for services for women and diverse identities, among others. Attempts to limit the work of gender-focused civil society organizations through intimidation and exclusion from consultative spaces have also been noted.
The CEDAW observations set a precedent by clearly stating the human rights violations carried out by the Argentine State and providing an opportunity for civil society to document these restrictions on fundamental rights and the enabling environment. They also constitute a basis for feminist organizations, trade unions, and trans networks to pursue legal action on the domestic level and work towards accountability for these human rights violations.
La CEDAW advierte el retroceso de los derechos de género y diversidades en la Argentina
El 25 de febrero de 2026, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y las Niñas (CEDAW) emitió observaciones al Gobierno argentino en relación con restricciones y violaciones de los derechos de las mujeres y de personas con identidades de género diversas. Estas observaciones respondieron a cuestiones planteadas por más de 10 coaliciones y organizaciones de la sociedad civil, incluidas Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a través de informes sombra detallados que presentaron al Comité CEDAW durante el examen del octavo informe periódico de Argentina. Durante esta sesión también se presentó el informe alternativo de PAMPA 2030 y la Red Encuentro.
Las observaciones de la CEDAW destacan preocupaciones sobre el acceso a la justicia para organizaciones defensoras de derechos humanos y feministas, el debilitamiento de las instituciones destinadas a combatir el discurso de odio y la violencia de género, y el impacto negativo de la reforma laboral y del cambio de paradigma en materia de salud reproductiva. En particular, señalan la preocupación por el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia mediante la resolución N° 178/2024, lo que afecta de manera desproporcionada a mujeres de zonas rurales, mujeres en situación de pobreza y mujeres que enfrentan formas interseccionales de discriminación; sobre las modificaciones a la Ley N° 25.871, que debilitan las protecciones para personas migrantes, limitando el acceso a la justicia de mujeres migrantes y aumentando su vulnerabilidad frente a la explotación, y sobre el proyecto de Ley de Modernización Laboral, que desregula el trabajo sin un análisis del impacto sobre las mujeres. Estas medidas se inscriben en una serie más amplia de restricciones legislativas a los derechos de las mujeres, como la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la prohibición del lenguaje inclusivo y recortes presupuestarios significativos en servicios para mujeres e identidades diversas, entre otros. Asimismo, se han identificado intentos de limitar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil enfocadas en género mediante intimidación y exclusión de espacios consultivos.
Las observaciones de la CEDAW establecen un precedente al señalar de manera explícita violaciones de derechos humanos por parte del Estado argentino y ofrecen una oportunidad para que la sociedad civil documente estas restricciones a los derechos fundamentales y al ambiente habilitante. Asimismo, constituyen una base para que organizaciones feministas, sindicatos y redes trans impulsen acciones legales a nivel nacional y trabajen hacia la rendición de cuentas por estas violaciones de derechos humanos.