Beginning on April 8, 2026, following the enactment of Law No. 1720 on Agrarian Reform and the start of an indigenous march, officials from the executive and legislative branches, as well as civic actors, made public accusations against civil society organizations (CSOs), specifically CEDIB, CEJIS, CIPCA, Fundación Solón, and Fundación Tierra.
Between April 7 and 9, Senator Branko Marinkovic accused the CSOs of financing and organizing the mobilization for economic gain. On April 15, the Minister of the Interior announced investigations into CSOs in Pando and Beni. When the march arrived in La Paz on May 4, the Foreign Minister Fernando Armayo questioned their role, stating that they should redirect their resources toward economic activities rather than “restricting freedoms.” During the legislative debate on the repeal of the law (May 12), two lawmakers accused them of promoting protests and spreading misinformation, announcing that they would request an audit of their work. On May 13, civic actors demanded the “expulsion” of NGOs for alleged destabilization. Following the protests, on 13 May 2026, Bolivia’s Legislative Assembly indeed repealed Law No. 1720. Nevertheless, on May 15, Foreign Minister Fernando Aramayo announced state oversight measures based on the presumption that they finance destabilizing actions.
Taken together, these actions constitute an escalation of stigmatization, criminalization, and threats of surveillance, resulting in a serious violation of the human rights to association and expression. This dynamic undermines an environment conducive to citizen participation, delegitimizes the work of defending the rights of indigenous peoples, and creates a chilling effect that threatens pluralism in the public sphere and the quality of democratic deliberation in Bolivia.
First, it undermines fundamental freedoms by creating a chilling effect on NGOs, leading them to reduce advocacy activities or redirect resources toward defending their legitimacy. Second, associating foreign funding with destabilization threatens future access to international cooperation and financial sustainability of CSOs. Third, the statements reflect a hostile state attitude toward the mentioned civil society organizations, which despite their track record of engaging with previous governments, are now excluded from decision-making. Finally, repeated public accusations using terms such as “manipulation,” “deception,” and “destabilization” contribute to negative public perceptions and erode trust in NGOs working on human rights, environmental, and indigenous issues.
The stigmatizing discourse and its effect on civil society has been denounced by civil society actors and international actors. On 12 May 2026, 71 civil society organizations issued a joint statement denouncing the escalation of disparagement, stigmatization, and threats against freedom of association and expression. On 16 May 2026, the UN Special Rapporteur on peaceful assembly and association, Gina Romero, expressed her concern, warning that casting suspicion on CSOs’ funding sources could lead to undue criminalization and violence against their members, and on the same day, the Ombudsman’s Office and nearly 100 CSOs issued a joint statement raising alarm about the escalation.
Although the parliamentary investigation announced by Senator Roca has not yet been formally initiated, there is a high probability that in the coming weeks administrative, legislative or judicial actions will be activated against these or other organizations that work with indigenous peoples.
A partir del 8 de abril de 2026, con la promulgación de la Ley N.º 1720 de Conversión Agraria y el inicio de una marcha indígena y campesina, autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como actores cívicos, emitieron acusaciones públicas contra organizaciones de la sociedad civil (OSC), específicamente CEDIB, CEJIS, CIPCA, Fundación Solón y Fundación Tierra.
Entre el 7 y el 9 de abril, el senador Branko Marinkovic atribuyó a las OSC el financiamiento y la organización de la movilización porque tendrian supuestos intereses económicos. El 15 de abril, el ministro de Gobierno anunció investigaciones a OSC en Pando y Beni. Al arribar la marcha a La Paz el 4 de mayo, el canciller Fernando Aramayo cuestionó públicamente el rol de las ONG, señalando que deberían reorientar sus recursos a actividades económicas en lugar de “coartar libertades”. Durante el debate legislativo en torno a la abrogación de la norma, el 12 de mayo, dos legisladores las acusaron de promover protestas y difundir desinformación, anunciando que solicitarían verificar su labor. El 13 de mayo, actores cívicos demandaron la “expulsión” de las ONG por supuesta desestabilización. Tras las protestas, el 13 de mayo de 2026, la Asamblea Legislativa de Bolivia abrogó la Ley N.º 1720. No obstante, el 15 de mayo, el canciller Fernando Aramayo anunció medidas de fiscalización estatal bajo la presunción de que dichas organizaciones financian acciones desestabilizadoras.
En conjunto, estas acciones configuran una escalada de estigmatización, amenazas de fiscalización y un patrón criminalizador, generando una afectación grave a los derechos a la libertad de asociación y de expresión. Esta dinámica restringe el entorno propicio y el espacio cívico idóneo para la participación ciudadana, deslegitima la labor de defensa de derechos de los pueblos indígenas y genera un efecto inhibitorio que amenaza la pluralidad en el espacio público y la calidad de la deliberación democrática en Bolivia.
En primer lugar, socava las libertades fundamentales al crear un efecto disuasorio sobre las ONG, lo que puede llevarlas a reducir sus actividades de incidencia o a redirigir recursos hacia la defensa de su legitimidad. En segundo lugar, asociar la financiación extranjera con la desestabilización amenaza el acceso futuro a la cooperación internacional y la sostenibilidad financiera de las OSC. En tercer lugar, las declaraciones reflejan una actitud hostil del Estado hacia las organizaciones de la sociedad civil mencionadas, que, a pesar de su historial de colaboración con gobiernos anteriores, a favor de los derechos humanos, se ven ahora señaladas como enemigas. Por último, las acusaciones públicas reiteradas que utilizan términos como “manipulación”, “engaño” y “desestabilización” contribuyen a generar percepciones públicas negativas y erosionan la confianza en las ONG que trabajan en temas de derechos humanos, medio ambiente y pueblos indígenas.
El discurso estigmatizador, sus efectos sobre la sociedad civil y los patrones criminalizadores, han sido denunciados por actores nacionales e internacionales. El 12 de mayo de 2026, 71 organizaciones de la sociedad civil emitieron una declaración conjunta en la que denunciaron la escalada de descalificación, estigmatización y amenazas contra la libertad de asociación y de expresión. El 16 de mayo de 2026, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, expresó su preocupación, advirtiendo que generar sospechas sobre las fuentes de financiación de las OSC puede conducir a una criminalización indebida y a actos de violencia contra sus integrantes. Ese mismo día, la Defensoría del Pueblo y cerca de 100 OSC emitieron una declaración conjunta en la que alertaron sobre la estigmatización y el amedrentamiento contra organizaciones que acompañan reivindicaciones de pueblos indígenas de Beni y Pando.
Aunque la investigación parlamentaria anunciada por el senador Roca aún no se ha iniciado formalmente, existe una alta probabilidad de que en las próximas semanas se pongan en marcha acciones administrativas, legislativas o judiciales contra estas u otras organizaciones que trabajan con pueblos indígenas.