El ambiente habilitante para la sociedad civil en Argentina atraviesa, desde diciembre de 2023, un proceso de deterioro acelerado. La asunción del gobierno de La Libertad Avanza marcó un quiebre respecto de la tradición democrática de participación cívica, diálogo institucional y promoción de los derechos humanos que caracterizó al período posterior al retorno de la democracia. A partir de entonces, se consolidó un escenario signado por la deslegitimación discursiva de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), la interrupción de mecanismos formales de diálogo y la adopción de políticas públicas restrictivas.
Este contexto incluye restricciones crecientes a las libertades de expresión, asociación y protesta; el uso de dispositivos represivos y de vigilancia; reformas normativas regresivas; y una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo. Asimismo, se observa un debilitamiento del marco legal y administrativo para el funcionamiento de las OSC, junto con una reducción significativa del acceso a recursos públicos y de cooperación internacional. La ausencia de un Estado abierto y receptivo, sumada a narrativas públicas estigmatizantes y a un entorno digital atravesado por discursos de odio, profundiza la hostilidad hacia la acción colectiva.
En conjunto, estos factores configuran un ambiente adverso que limita la participación significativa de la sociedad civil, incrementa los riesgos para sus actores y compromete la calidad democrática en el país.
