On 5 May 2026, the draft amendment to the Youth Citizenship Statute has successfully passed its third reading in the Congress of the Republic, leaving it just one step away (a final reading in the Senate plenary session) from becoming law. This is a significant step forward, given that the bill had previously been shelved on two occasions due to procedural issues.
This achievement is not an isolated effort on the part of the institutions; it is the result of a sustained process of advocacy and collective action between civil society and international cooperation. Bodies such as the Ad Hoc Youth Commission have been fundamental in channelling these demands, with technical and financial support from the European Union Delegation, Italian Cooperation, the Hanns Seidel Stiftung, the Corona Foundation, the National Forum for Colombia Foundation and the Open Policy Institute. These organisations have provided constant monitoring to ensure that the reform responds to local realities.
The new Statute aims to strengthen participatory mechanisms, specifically the Youth Councils and Platforms, as well as to improve employability and address the needs of rural youth. The aim is for the final debate to take place before 19 June 2026, thereby establishing a legal framework that safeguards young people’s rights and reduces the mistrust of democratic institutions that persists in the country.
Avances en el nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil
El 5 de mayo de 2026, el proyecto de enmienda al Estatuto de Ciudadanía Juvenil ha superado con éxito su tercera lectura en el Congreso de la República, por lo que solo le queda un paso (la lectura final en el pleno del Senado) para convertirse en ley. Se trata de un importante avance, teniendo en cuenta que el proyecto de ley había quedado archivado en dos ocasiones anteriores debido a cuestiones de procedimiento.
Este logro no es fruto de un esfuerzo aislado por parte de las instituciones, sino el resultado de un proceso sostenido de promoción y acción colectiva entre la sociedad civil y la cooperación internacional. Organismos como la Comisión Ad Hoc de la Juventud han sido fundamentales para canalizar estas demandas, con el apoyo técnico y financiero de la Delegación de la Unión Europea, la Cooperación Italiana, la Fundación Hanns Seidel, la Fundación Corona, la Fundación Foro Nacional por Colombia y el Open Policy Institute. Estas organizaciones han realizado un seguimiento constante para garantizar que la reforma responda a las realidades locales.
El nuevo Estatuto tiene por objeto reforzar los mecanismos participativos, en concreto los Consejos y las Plataformas de la Juventud, así como mejorar la empleabilidad y atender las necesidades de los jóvenes del medio rural. El objetivo es que el debate final se celebre antes del 19 de junio de 2026, estableciendo así un marco jurídico que proteja los derechos de los jóvenes y reduzca la desconfianza hacia las instituciones democráticas que persiste en el país.