On 10 April 2026, the company Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), publisher of the newspapers Diario Expreso and Diario Extra, released a statement on the social media platform X warning of an alleged attempt by the Ecuadorian government to take control of 40% of its shareholding. According to the company, it is unofficially known that a complaint has been filed with the Office of the Attorney General against its executives, with the aim of enabling the Ecuadorian State to assume that shareholding stake. The complaint was reportedly filed by the individual appointed by the Superintendency of Companies (the regulatory body overseeing private companies) to liquidate the company Veranera, which was a shareholder of Granasa until 2020, when it transferred 40% of its shares to the current president of Granasa. According to the statement, those allegedly accused have not yet been formally notified.
In addition to the ongoing intervention process by the Superintendency of Companies, these legal actions against Granasa and its executives would constitute coordinated attempts by the national government to silence critical voices in private media and to control the media narrative surrounding President Daniel Noboa’s administration. Should this case move forward, the State could acquire a significant stake in two of Ecuador’s leading print media outlets, enabling the government to influence their editorial line or administrative decisions.
So far, no responses have been reported from other civil society organizations or freedom of expression advocacy groups. However, both Diario Expreso and Diario Extra have protested these alleged acts of state harassment by publishing blank front pages in their Sunday, April 12 editions.
Se confirma la apertura de un proceso penal en contra de empresa editora de mediosEntre el 13 y 14 de abril de 2026, Diario Expreso confirmó que la Fiscalía General del Estado fue notificada formalmente sobre un presunto incumplimiento de medidas cautelares por parte de la empresa Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), dictadas por el juez Carlos Cadena Asencio en su calidad de liquidador de la empresa Veranera. Veranera fue propietaria del 40 % de las acciones de Granasa hasta 2020, cuando vendió sus acciones en una transacción que ahora es el principal justificativo utilizado por el Estado ecuatoriano para intervenir la empresa.Según publicaciones del diario, la solicitud del juez fue tramitada en aproximadamente cuatro horas —un plazo inusualmente breve en el sistema judicial ecuatoriano—, dando paso al pedido de apertura de una investigación previa por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, relacionada con la negativa de Granasa a reinscribir a Veranera como accionista de la empresa, por órdenes de la Superintendencia de Compañías. Además, siete directivos de Granasa están siendo acusados por el delito de asociación ilícita.Con esta confirmación, aumentan considerablemente las probabilidades de que el 40 % de las acciones de Granasa pasen a manos del Estado, otorgándole una participación significativa en las decisiones administrativas y editoriales de los periódicos Diario Expreso y Extra. Esto representaría un grave retroceso en materia de libertad de expresión en el Ecuador, puesto que dos de los principales periódicos del país pasarían a estar bajo la influencia de las directrices mediáticas que han sido adoptadas por los medios estatales y afines al gobierno del presidente Daniel Noboa.César Ricaurte, director de la organización de defensa de la libertad de expresión Fundamedios, manifestó públicamente su preocupación por las medidas que ha tomado el Estado ecuatoriano contra Granasa, advirtiendo que este caso busca enviar un mensaje a otros medios de comunicación privados que mantengan una línea discursiva opuesta a la narrativa que intenta imponer el gobierno nacional.