Entre enero y marzo de 2026, en el Ecuador se han reportado un creciente número de alertas que indican una mayor erosión de la libertad de expresión y un incremento en la intolerancia del gobierno nacional hacia la crítica en la opinión pública. Esto se ha manifestado de formas como la intervención de una empresa editora de medios críticos contra el gobierno y la medida decretada por las Fuerzas Armadas para restringir la acreditación de periodistas de acuerdo a su postura frente a la institución. Sumado a un marco normativo restrictivo contra la sociedad civil y al uso constante de poderes presidenciales de emergencia, esto continúa configurando un caso de retroceso democrático.
