Panamá se define por sus profundos contrastes. Aunque su producto interior bruto (PIB) supera el promedio regional, como lo muestran las estimaciones de la Cepal, seguirá creciendo gracias a su economía de servicios, el Canal de Panamá y su sector financiero. El Banco Mundial, empero, lo clasifica como uno de los países más desiguales del mundo, con indicadores de capital humano por debajo de lo que se espera, tomando en cuenta su nivel de ingresos. Lo anterior se refleja en que persisten profundas brechas sociales en materia de educación y salud, así como empleos de baja calidad, que afectan particularmente a las comunidades indígenas y rurales.
Políticamente, Panamá se caracteriza por ser una democracia electoral con rasgos de democracia defectuosa, marcada por un déficit de participación ciudadana, una cultura democrática débil y una baja confianza en el gobierno. Diversos estudios internacionales sitúan al país en un nivel intermedio de calidad democrática con debilidades persistentes.
En los últimos tres años, Panamá se ha enfrentado a situaciones con un alto impacto social:
- 2022: Protestas contra el aumento del precio de la gasolina, los alimentos básicos y los medicamentos.
- 2023: Protestas contra el contrato minero con First Quantum, que culminaron con la declaración de inconstitucionalidad del contrato.
- 2025: Manifestaciones a gran escala relacionadas con las reformas de la seguridad social y reivindicaciones sociales como el salario mínimo y los derechos laborales.
Las protestas de los últimos años surgieron del descontento ciudadano frente a decisiones gubernamentales que impactan directamente la salud, el ambiente y la seguridad social de la población. Estas movilizaciones no solo debilitaron a los gobiernos que las afrontaron, obligándolos a realizar concesiones o reformas, sino que también fortalecieron las alianzas entre sindicatos, movimientos ambientalistas y gremiales.
Este informe sobre el entorno propicio para la sociedad civil ofrece una visión general actualizada y estructurada de las condiciones que afectan a los actores sociales, identificando los impactos positivos y negativos en el entorno propicio. La evaluación se basa en los acontecimientos que tuvieron lugar durante 2025 y en fuentes nacionales e internacionales verificables. El panel de expertos y actores de la sociedad civil que se conformó para efectuar este análisis, estuvo bajo la dirección de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
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