Event Summary
On 16 September 2025, President Daniel Noboa declared a new state of emergency in Ecuador amid reactions across several parts of the country to the elimination of the diesel subsidy (in place since 1974) and mobilizations opposing mining projects in Quimsacocha, Azuay Province. The state of emergency decree was focused on the main provinces of Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, and Santo Domingo, where a greater number of road blockages were reported, under the argument that these were hindering the normal development of citizens’ personal, economic, commercial, and work activities. Through Executive Decree 134, the freedom of assembly was suspended for 60 days, prohibiting gatherings in public spaces at all hours of the day. The decree also empowered the Armed Forces and the National Police to prevent and disperse meetings in public spaces.
Following the publication of Executive Decree 134, in the seven provinces where the measures were focused, the right to freedom of assembly was suspended with the stated aim of limiting gatherings of people in public spaces intended to paralyze public services or block transportation routes. Despite clarifying in the decree that the measures did not imply restrictions on the right to peaceful protest, demonstrations led by students and teachers’ unions—such as those held on September 16, which sought to march toward the city center in opposition to government measures—were intercepted by members of the Armed Forces, who dispersed them using tear gas and stun grenades.
In response to the elimination of the subsidy, several demonstrations have taken place in Ecuador, which have been repressed by law enforcement, resulting in the detention of at least 10 people participating in protests across different parts of the country. The main protest hotspots have been concentrated in the provinces of Carchi and Quito, where groups of heavy transport workers and citizens have blocked access roads to these cities. The executive branch announced that measures would be taken against people obstructing public services, applying maximum penalties. In his statements, the president said: “No union leader should try to pressure us by threatening to cut off the water supply. Anyone who does so will be charged with terrorism and could face up to 30 years in prison.
El día miércoles 16 de septiembre el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en Ecuador en medio de la respuesta en varias partes del país debido a la eliminación del subsidio al Diésel (subsidiado desde 1974) y las movilizaciones en oposición a los proyectos mineros en Quimsacocha en la provincia del Azuay. El decreto de estado de excepción fue focalizado en las principales provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo donde se reportó un mayor número de obstaculización de vías bajo el argumento de que estas limitaban el normal desarrollo de las actividades personales, económicas, comerciales y laborales de los ciudadanos. A través del Decreto Ejecutivo 134, se suspendió por 60 días la libertad de reunión de las personas, limitando la confirmación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día. A su vez, el Decreto facultó a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que puedan impedir y desarticular reuniones en espacios públicos.
A partir de la publicación del Decreto Ejecutivo 134, en las 7 provincias en las que se focalizaron las medidas se suspendió el derecho a la libertad de reunión con la finalidad de limitar las aglomeraciones de personas en espacios públicos que tengan como objetivo paralizar los servicios públicos o bloquear vías de transporte.A pesar de aclarar en el decreto que las medidas no implican la limitación del derecho a manifestarse de forma pacífica, manifestaciones impulsadas por estudiantes y gremios de educadores como los que se dieron el 16 de septiembre, que tenían como objetivo marchar hacia centro de la ciudad en reclamo a las medidas tomadas por el gobierno, fueron interceptados por miembros de las Fuerzas Armadas quienes dispersaron mediante bombas lacrimógenas y de estruendo a los manifestantes.Como respuesta a la eliminación del subsidio existieron varias manifestaciones en el Ecuador que han sido reprimidas por las fuerzas del orden, dando como resultado la detención de al menos 10 personas que han sido parte de las protestas en diversas partes del Ecuador. Los focos de protestas se han concentrado en las provincias de Carchi y Quito donde varios colectivos de transportistas de carga pesada y ciudadanos han formado parte de protestas en vías de acceso a estas ciudades.
El ejecutivo ha señalado que se tomaran medidas contra las personas que limiten servicios públicos aplicando penas máximas a estas personas, entre sus declaraciones dijo: “Que ningún líder gremial intente presionarlos amenazando con quitarles el agua. Quien lo haga será denunciado por terrorismo y podría enfrentar hasta 30 años de cárcel”.