Event Summary
On 27 September 2025, in the context of the national strike, the Pachamama Foundation, an environmental organization with 27 years of experience in the defense of the Amazon, the rights of Indigenous peoples, and the promotion of regenerative economic models denounced the freezing of the organization’s bank accounts and the initiation of a judicial investigation against its president, Belén Páez. These measures were carried out under the newly approved Organic Law on Social Transparency, which empowers the Financial and Economic Analysis Unit (UAFE) to immobilize the funds of social organizations without prior judicial order (although requiring subsequent validation within eight days). The Pachamama Foundation also pointed out that the impact of this measure extends to the Amazonian communities that benefit from the organization’s projects. All those affected have received notifications from the Office of the Attorney General indicating that a preliminary investigation has been opened for alleged unjustified private enrichment.
This event constitutes a critical alert for the enabling environment, as it reflects a strategy of financial suffocation that undermines the right to property, freedom of association, and due process. Civil society—including local environmental organizations and the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE), which was likewise affected by account freezes in recent days—has denounced these actions as acts of intimidation that criminalize dissent and paralyze community projects, setting a dangerous precedent of using legal tools to silence critical voices.
La Fundación Pachamama denuncia el bloqueo de sus cuentas bancarias y la apertura de una investigación judicial contra su presidente
El 27 de septiembre de 2025, en el contexto del paro nacional, la Fundación Pachamama, una organización ambiental con 27 años de trayectoria en la defensa de la Amazonía, los derechos de los pueblos indígenas y la promoción de modelos económicos regenerativos, denunció el congelamiento de las cuentas bancarias de la organización y el inicio de una investigación judicial contra su presidenta, Belén Páez. Estas medidas se ejecutaron bajo el amparo de la recién aprobada Ley Orgánica de Transparencia Social, que faculta a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) inmovilizar fondos de organizaciones sociales sin orden judicial previa (aunque requiere validación posterior en un plazo de ocho días). Desde la Fundación Pachamama también señalan que el impacto de esta medida se extiende a las comunidades amazónicas beneficiarias de los proyectos de la organización. Todos los afectados han recibido notificaciones de Fiscalía General del Estado indicando que se ha iniciado una investigación previa por presunto enriquecimiento privado no justificado.
Este evento constituye una alerta crítica para el entorno habilitante, pues configura una estrategia de asfixia financiera que vulnera el derecho a la propiedad, la libertad de asociación y el debido proceso. La sociedad civil, incluyendo organizaciones ambientales locales y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (igualmente afectada por bloqueos bancarios en días pasados) ha denunciado estas acciones como actos de intimidación que criminalizan la disidencia y paralizan proyectos comunitarios, estableciendo un peligroso precedente de utilización de herramientas legales para silenciar voces críticas.