El evento más relevante de este periodo fue la puesta en vigencia de la Ley 7363, que pasa a reducir sustantivamente el ambiente habilitante de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Promulgada en noviembre de 2024 fue finalmente puesta en vigor con el decreto reglamentario de finales de octubre 2025. Dicha ley establece constricciones para la autonomía y operatividad de las OSC. Además,la esperada Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos continúa en demora, en tanto ha sido promulgada la Ley de Protección de Datos Personales con restricciones para la libertad de información. Permanece vigente en determinados sectores del partido de gobierno una narrativa descalificadora de las OSC, a lo que se suman disposiciones como la supresión de la palabra género de los materiales educativos, de acuerdo a resolución de la cartera de educación. Se reducen así las condiciones para una participación ciudadana inclusiva, participación que, por otra parte, ya no se vehiculiza en mecanismos hoy desactivados como el Comité Ejecutivo de la Mesa Conjunta de la Alianza para el Gobierno Abierto-AGA (OPG, por sus siglas en inglés). Se desarrollan, sin embargo, experiencias fragmentadas de cooperación de las OSC con órganos públicos.
