El tercer Snapshot del Entorno Habilitante de 2025 para México (julio–octubre) muestra un contexto persistentemente frágil para la sociedad civil, marcado por violencia, censura, incertidumbre jurídica y creciente vigilancia digital. Los ataques a defensores del territorio y del medio ambiente, periodistas y comunidades siguen siendo generalizados, especialmente en Oaxaca, Chiapas, Sinaloa y en regiones afectadas por el crimen organizado o megaproyectos. Los movimientos estudiantiles han resurgido a nivel nacional exigiendo participación, financiamiento y justicia, mientras que ejemplos positivos —como las victorias ambientales en Cozumel y el Golfo de California, y la campaña #Libéralas— demuestran la resiliencia de la sociedad civil.
Las reformas regulatorias continúan moldeando el espacio cívico. Las OSC participan activamente con el gobierno y el GAFI en la implementación de la ley reformada contra el lavado de dinero (LFPIORPI), destacando los desafíos de cumplimiento que enfrentan las organizaciones, especialmente las más pequeñas. Un desarrollo positivo notable es la creación en Querétaro de un Consejo para la Promoción de las Organizaciones Civiles, aunque persisten disparidades en el apoyo a nivel estatal. Mientras algunos estados lanzaron o mantuvieron programas de financiamiento, otros, como Nuevo León, enfrentan retrasos graves que amenazan la sostenibilidad organizacional. La disolución del fondo Fidesseg en Guanajuato subraya las tensiones alrededor de la transparencia en iniciativas público-privadas.
A nivel institucional, reformas importantes —como la creación de un nuevo poder judicial, cambios a la Ley de Amparo y las etapas iniciales de la reforma electoral— generan preocupaciones sobre el acceso a la justicia, la separación de poderes y la transparencia. Los mecanismos de supervisión se han debilitado significativamente; el nuevo organismo de transparencia ha rechazado casi todas las apelaciones, mientras que las reformas al código fiscal y a las leyes de vigilancia amplían las capacidades de monitoreo del Estado sin salvaguardas adecuadas. Las organizaciones de derechos digitales han obtenido suspensiones legales clave y presentado impugnaciones, advirtiendo sobre riesgos graves para la privacidad y la libertad de expresión.
Las narrativas públicas muestran tendencias mixtas: aunque el discurso del gobierno hacia las OSC es menos confrontativo que en la administración anterior, la apertura selectiva —particularmente hacia agendas de género— genera un compromiso desigual. Mientras tanto, las campañas de desinformación y digitales contra los derechos continúan intensificándose.
De cara al futuro, 2026 pondrá a prueba el espacio cívico en México a través de los debates sobre la reforma electoral, la implementación de cambios judiciales y legales, la renegociación del T-MEC y los desafíos de seguridad vinculados al crimen organizado y al Mundial de Fútbol. A pesar de las tensiones a nivel nacional, existen oportunidades en la colaboración local, la agenda de políticas de género y el diálogo continuo con autoridades fiscales y regulatorias para fortalecer un entorno más habilitante para la sociedad civil.
