Uso de legislación sobre inteligencia artificial para censurar a periodistas y comunicadores en el estado de San Luis Potosí.

En mayo de 2026, organizaciones defensoras de la libertad de expresión denunciaron la detención de periodistas y comunicadores digitales en San Luis Potosí el 21 de mayo de 2026, así como órdenes de aprehensión contra al menos otras ocho personas. Los casos estarían relacionados con la presunta difusión de un video generado mediante inteligencia artificial en el que se señalaba al gobernador del estado y a fuerzas de seguridad de presuntos vínculos con el crimen organizado. Diversas organizaciones, encabezadas por ARTICLE 19 MX, denunciaron que las autoridades estatales habrían utilizado de forma arbitraria disposiciones recientemente incorporadas al Código Penal estatal sobre identidad digital y uso de inteligencia artificial. Las detenciones, la prisión preventiva y las irregularidades denunciadas en los procesos han generado preocupaciones sobre posibles violaciones al debido proceso, uso desproporcionado del derecho penal y riesgos para la libertad de expresión y de prensa.

Visita del Alto Comisionado de la ONU a México: entre la visibilidad internacional y los desafíos para el espacio cívico

Durante la tercera semana de abril de 2026, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizó una visita oficial a México en un contexto de creciente atención internacional sobre la crisis de desapariciones en el país. Su agenda incluyó reuniones con la presidenta, integrantes del congreso de diferentes partidos políticos incluido el oficial , organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas.

La visita estuvo marcada por un fuerte contraste entre el discurso oficialista y los testimonios de víctimas y posicionamientos de las OSC. Durante sus encuentros con madres buscadoras y familiares, Türk reconoció la magnitud de la crisis y señaló que escuchar sus historias fue “doloroso”, subrayando la urgencia de avanzar en verdad y justicia.

Sin embargo, el proceso también evidenció tensiones, algunos colectivos manifestaron inconformidad por no haber sido incluidos en los espacios de diálogo, lo que puso en evidencia problemas de representatividad y acceso en este tipo de encuentros.

En el plano institucional, la reunión con Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, se dio en medio de críticas hacia el organismo por parte de colectivos, que cuestionan su actuación frente a la crisis.

La visita ocurre además en un contexto de tensión entre el gobierno mexicano y mecanismos internacionales de derechos humanos, particularmente tras señalamientos de la ONU sobre la posible sistematicidad de las desapariciones.

En conjunto, este evento refleja las tensiones existentes entre víctimas, autoridades e instancias internacionales, así como los desafíos persistentes para garantizar espacios efectivos de participación, representación y acceso a la justicia.

Seguridad, gobernabilidad y entorno habilitante: efectos tras los recientes operativos en México

El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”), líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo realizado en Jalisco. Tras el anuncio, se registró una reacción violenta  coordinada por parte del cartel que incluyó bloqueos carreteros y paralización de actividades en distintos puntos del país. Los hechos tuvieron especial resonancia internacional debido a que Guadalajara la capital de esta entidad, una de las principales ciudades afectadas, será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026. 

Más allá del impacto en seguridad pública, el episodio tiene implicaciones directas en el entorno habilitante para la sociedad civil. La violencia generalizada restringió temporalmente la libre circulación y alteró la vida cotidiana. Asimismo, en contextos donde el crimen organizado mantiene presencia territorial, este tipo de eventos suele profundizar dinámicas de autocensura entre medios locales, periodistas, defensoras y organizaciones comunitarias, debilitando la acción ciudadana. 

Además, el episodio ha alimentado procesos de desinformación y tensiones en redes sociales, complicando la confianza pública en torno a la respuesta estatal ante grupos criminales y la seguridad ciudadana. 

En el plano institucional, la posibilidad de una mayor militarización de la seguridad pública, sin mecanismos sólidos de supervisión civil, plantea riesgos adicionales para el equilibrio entre seguridad y libertades cívicas. Al mismo tiempo, la atención internacional generada por los hechos en un momento previo a un evento deportivo global incide en la percepción externa sobre la gobernabilidad democrática en México y las constantes tensiones con el gobierno de EUA respecto al tema de seguridad. 

En conjunto, este evento representa en este gobierno un hito en la confrontación entre el Estado y el crimen organizado, además de un punto que puede afectar estructuralmente el entorno para la participación ciudadana y la confianza en las instituciones democráticas durante este año.

Reforma electoral 2026: un proceso en construcción bajo un entorno de consenso frágil y participación ciudadana limitada.
Durante enero de 2026, la presidencia de la república avanzó en la construcción de una propuesta de reforma electoral que será presentada al Congreso a mediados de febrero. La iniciativa se discute en un contexto de alta polarización política y tensiones internas dentro de la coalición gobernante, quienes no han logrado consensuar aún el contenido final del proyecto.
Desde el Ejecutivo, la presidenta ha señalado que la reforma busca fortalecer la democracia, ampliar la participación ciudadana y reducir costos del sistema electoral. Funcionarios como la secretaria de Gobernación, han afirmado que existen diálogos en curso con los partidos aliados y que se cuenta ya con un primer borrador. No obstante, liderazgos legislativos han reconocido públicamente que, sin acuerdos políticos amplios, la iniciativa podría no prosperar.
En esta iniciativa han surgido propuestas sensibles, como la reducción o eliminación de diputaciones y senadurías de representación proporcional (plurinominales) ajustes al financiamiento de los partidos y cambios en la arquitectura institucional del sistema electoral. Estas discusiones han generado preocupación entre especialistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC), que advierten la escasa evidencia de una consulta ciudadana amplia, así como riesgos para el pluralismo político, la autonomía de las autoridades electorales y un posible retroceso en los mecanismos de participación ciudadana y en el impulso de los derechos político-electorales en los que han colaborado activamente.
Declaraciones del representante de la Comisión Presidencial para esta reforma, como “un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo”, han encendido alertas sobre un posible debilitamiento de la independencia de la autoridad electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones federales, supervisar a los partidos políticos y garantizar la integridad y equidad de los procesos electorales en México.
Aunque la iniciativa aún no ha sido formalmente presentada, el proceso se perfila como una reforma impulsada en un entorno de consenso político frágil, participación ciudadana limitada y señales preocupantes sobre el futuro del sistema electoral en México.