El 15 de septiembre de 2025, la presidenta de la República envió al legislativo la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo. Aunque la propuesta incluye aspectos fiscales y otros temas relevantes, el juicio de amparo ha sido un instrumento central para la defensa de derechos en México. Entre las modificaciones sustanciales, destaca el cambio en la definición de “interés legítimo”, lo que en la práctica restringe la capacidad de personas, comunidades y organizaciones de la sociedad civil (OSC) para promover amparos colectivos, especialmente en asuntos ambientales, sociales y de pueblos originarios.

El gobierno argumenta que la reforma busca reducir abusos y agilizar procesos; sin embargo, diversas OSC, colegios de abogados y colectivos han advertido que las modificaciones son regresivas y ponen en riesgo el acceso efectivo a la justicia.

La discusión legislativa incluyó audiencias públicas que concluyeron el 30 de septiembre, con ajustes menores al concepto de “interés legítimo”. No obstante, el proceso estuvo marcado por la participación limitada de la sociedad civil y por un ritmo acelerado que dificultó el análisis de los impactos de una reforma de gran trascendencia.
Lo más alarmante ocurrió el 1 de octubre, cuando el Senado aprobó la reforma con cambios mínimos y agregó, de último momento, un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la ley, extendiendo sus efectos a amparos ya en trámite. Esta decisión ha generado gran preocupación en amplios sectores, al considerarse un grave retroceso en el acceso a la justicia y sin contrapesos reales, con una Suprema Corte de Justicia muy cercana del control político del partido gobernante. Actualmente, la reforma pasa a una siguiente etapa, sin embargo, todo apunta a que será aprobada sin mayores modificaciones durante los próximos días.