Guatemala

Guatemala has been in political crisis since 2015, which has intensified at certain times, such as during the 2023 election crisis, when a large part of the population had to defend both their vote at the polls and the country’s fragile democracy. This crisis is caused by an alliance of groups – the so-called Pact of the Corrupt, who want to maintain privileges, corruption and impunity. These groups alleged electoral fraud without any evidence, further undermining the rule of law by criminalising and prosecuting journalists, human rights defenders, former magistrates and judges. In 2025, this crisis has worsened, with an attempt to overthrow the current government under the same unfounded argument that there was electoral fraud in 2023. In addition, the social crisis persists due to the lack of response by the State to the most needy population, mainly the indigenous population. Many leaders of civil society have been criminalised, prosecuted and even murdered for doing their job, including defending their territory.

The enabling environment for CSOs in the country has been severely impacted by the closure of USAID in early 2025. Similarly, there have been significant cuts by donors in general in the country. Added to this is the reform of the NGO Law in 2020, which was challenged by CSOs for undermining freedoms of expression and association in a number of appeals, resulting in only a partial injunction being granted by the Constitutional Court. It is also important to mention that the new draft CSO Law has already been approved by the NGO Commission. If approved, this would represent an improvement to the current situation, as it would return to the situation prior to the reforms. However, it would not constitute a strengthening of the enabling environment for CSOs.    

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Snapshots

Country snapshots capture the current state of the enabling environment for civil society and provide a quick overview of significant events and trends that have occurred over the past 4 months. Click on a component in the timeline to see the corresponding Enabling Environment Snapshot.

Alerts

The Early Warning Mechanism documents changes and critical trends in the enabling environment for civil society. The mechanism works by information-gathering work focusing on events that impact the enabling environment. The EU SEE consortium assess these events to trigger alerts indicating a downward or upward trend in the enabling environment.

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Proceso de Elección de Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo ElectoralEl 19 de enero de 2026, la Comisión de Postulación de Guatemala inició sus funciones para elegir a los magistrados y magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral de cara a las elecciones generales de 2027. Como parte de esta labor, la Comisión examinó expedientes, evaluaciones y votaciones internas, lo que culminó en la elaboración de una lista de 20 candidatos, que fue remitida al Congreso de la República el 17 de febrero de 2026 para la elección final correspondiente. Se espera que los magistrados electos asuman sus cargos el 20 de marzo de 2026.Este proceso no solo define la integración de la máxima autoridad en materia electoral, sino que también tiene un impacto directo en la credibilidad, la independencia y la transparencia de los futuros procesos electorales. La nueva magistratura tendrá la responsabilidad de organizar, dirigir y supervisar las elecciones generales de 2027, garantizando condiciones de legalidad, equidad y seguridad jurídica. En un contexto de institucionalidad frágil, esta designación es decisiva para consolidar la confianza ciudadana y proteger la estabilidad democrática nacional.Sin embargo, el proceso estuvo marcado por cuestionamientos públicos sobre la transparencia y la objetividad de la Comisión. En determinados momentos, los espacios para la observación de la sociedad civil fueron limitados y no se facilitó el acceso a la información pertinente, lo que redujo las posibilidades de una participación efectiva. Como resultado, las OSC no dispusieron de toda la información necesaria para evaluar eficazmente los perfiles, y las preocupaciones planteadas por las OSC respecto a algunos candidatos no fueron debidamente consideradas. La lista definitiva incluye a muchas personas que han sido acusadas de prácticas antidemocráticas y de posibles vínculos con la corrupción y la impunidad. Diversos sectores sociales han expresado su rechazo y su preocupación por la configuración de esta lista.La falta de transparencia en el proceso repercute negativamente en la participación ciudadana, así como en la confianza pública en el proceso de selección y, por lo tanto, en la futura composición del Tribunal Supremo Electoral. Si la elección recae principalmente en perfiles señalados por posibles vínculos con prácticas antidemocráticas, corrupción o impunidad, las frágiles instituciones democráticas se debilitan aún más. Esto podría tener un impacto negativo en la credibilidad de las próximas elecciones generales de 2027 y en la estabilidad del sistema político electoral en su conjunto.Las organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo acciones de incidencia política mediante pronunciamientos públicos en los que han exigido transparencia en el proceso y la elección de magistrados idóneos e independientes, con experiencia comprobada y sin antecedentes de violaciones de derechos humanos. Estos pronunciamientos han buscado llamar la atención sobre la importancia de garantizar un proceso legítimo conforme a los principios democráticos.

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